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CRISIS DEL CORONAVIRUS

¿Qué requisitos deben cumplirse para poder acceder a los créditos con aval gubernamental para el alquiler?

Aplausos de la ciudadanía desde los balcones a los sanitarios que atienden a las personas con coronavirus.
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Aplausos de la ciudadanía desde los balcones a los sanitarios que atienden a las personas con coronavirus. (Foto: Efe)
miércoles 01 de abril de 2020, 10:49h

El Gobierno ha detallado en el último Boletín Oficial del Estado cuáles son los supuestos de vulnerabilidad económica sobrevenidos por la crisis del COVID-19 para solicitar los créditos con aval del Gobierno para poder hacer frente al pago del alquiler.

La medida daría protección a las personas obligadas a pagar la renta de alquiler que se han quedado en paro o han sufrido un ERTE. También contempla el supuesto de que se hayan visto obligada a reducir su jornada laboral por motivo de cuidados en caso de ser empresario “u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria”.

La medida de esos ingresos es, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), que en 2020 es de 537,84 euros mensuales.

Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

Además, este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite para acceder a las ayudas será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

Si la persona obligada a pagar la renta arrendaticia padece parálisis cerebral, una enfermedad mental, o discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o en caso de que tenga discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM.

Tendrán derecho al aval del Estado para el crédito también aquellos cuya renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulten superiores o iguales al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por “gastos y suministros básicos” el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

Dice el decreto publicado en el BOE que “a los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda”.

Por tanto, “no se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España”. Además, se considerará que no concurren estas circunstancias “cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento”. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, “acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia”.

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