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ESTADO DE ALARMA

El PP no apoyará el decreto del Gobierno contra el colapso de la Justicia

El PP no apoyará el decreto del Gobierno contra el colapso de la Justicia
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(Foto: Efe)
martes 28 de abril de 2020, 12:49h

El PP no apoyará el Real Decreto que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llevará este martes al Consejo de Ministros. Se trata de una norma con "medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia", con la que se prevé frenar la avalancha de asuntos que llegarán a los juzgados tras la crisis sanitaria y el parón judicial provocado por el estado de alarma.

"No se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma (...) Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", dijo ayer el líder de los populares, Pablo Casado.

Según las fuentes de Justicia, no todos los artículos de una ley orgánica tienen rango orgánico, por lo que pueden verse retocados por un real decreto. Y subrayan además el respaldo a la norma mostrado por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que también es responsable del área de Justicia en el Partido Popular.

López, añaden, no cuestionó que el real decreto no fuera la vía adecuada y, como el resto de los consejeros, aplaudió las medidas consensuadas; participó de forma muy activa en los debates y propuso, por ejemplo, que se habilitara el mes de agosto en los juzgados, una de las medidas que se aprobará, agregan.

El ministro de Justicia ha presentado de forma detallada las iniciativas programadas a todos los consejeros autonómicos y a los portavoces de los principales grupos parlamentarios para lograr un texto "colegiado", que hoy estará en la mesa del Consejo de Ministros.

Desde el Ministerio se recalca que no es un texto "revolucionario", sino que trata cuestiones "puntuales y transitorias" ante la previsión de que llegue a los juzgados un alud de recursos y reclamaciones cuando se reanude la actividad, y descartan que pueda haber dudas sobre su constitucionalidad.

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