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CORONAVIRUS

PP y Vox arrinconan al Gobierno por ocultar el número de muertos por Covid-19

PP y Vox arrinconan al Gobierno por ocultar el número de muertos por Covid-19
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lunes 04 de mayo de 2020, 17:12h
El ministro de Justicia ha defendido la gestión de la crisis sanitaria como ha podido.

Los problemas de credibilidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez se han ido amontonando con el paso de las semanas de gestión del coronavirus. La compra poco fiable de equipamientos a China inició una marejada que ha sido alimentada por errores continuados. Hasta el punto de sufrir desmentidos rotundos por parte del sector sanitario -que denuncia desprotección a la hora de trabajar- o de organismos como la OMS -que afeó al Ejecutivo no haber acometido a tiempo sus recomendaciones-.

En el presente, Moncloa sufre verdaderos problemas para sostener como reales las cifras de contagios, de test realizados a la población y de muertes. La primera es ampliamente discutida -como en la mayoría de los países-, ante la ausencia de test masivos, como reclama el Partido Popular. Ese sería el método preciso para cuantificar, de verdad, el monto de infectados españoles. Y la OCDE puso la cara colorada a Sánchez al confirmar que España está por debajo del promedio de pruebas diagnósticas de Covid-19.

Con respecto al tercer parámetro, el de la cifra de fallecidos por coronavirus, ha tenido que dar la cara este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Lo ha hecho en su comparecencia desarrollada en Comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados. En esa sede le ha tocado hacer frente a las duras y vehementes acusaciones del PP y Vox.

Ambas formaciones habían solicitado la comparecencia del ministro con el fin de que presentara los datos de defunciones inscritas en los registros civiles en estos últimos meses para compararlos con años anteriores. Sin embargo, Campo se ha negado a compartir esos datos y ha instado a los presentes a aguardar a que sea el Instituto Nacional de Estadística el que haga el trabajo de recopilación y publique el informe. Germinando la indignación de la oposición.

Campo ha proclamado que es "rotundamente falso" que se estén ocultando datos de fallecimientos. Y ha argumentado tal afirmación pasando al ataque. "Tratar de obtener rédito político del sufrimiento generado por esta calamidad sería algo del todo imperdonable: el peor insulto a las personas fallecidas y sus seres queridos", ha denunciado, dirigiéndose a sus interlocutores.

El ministro considera "irresponsable" a todo aquel que cuestione a las instituciones en este trago de crisis sanitaria. Así de claro. Eso sí, ha admitido que en el intervalo en el que el Covid-19 impactó con mayor fuerza, disparando la estadística de contagios y muertes, se registraron retrasos en la contabilidad de fallecidos. Algunas ciudades y comunidades tardaron en inscribir en registros esos datos, ha justificado.

En esa línea, ha defendido que la labor actual pasa por compendiar la información "goteo a goteo", con voluntad de diferenciar los decesos ocurridos en hospitales, domicilios y residencias. Y ha querido hacer hincapié en que no hay "bulos sobre los muertos", antes de repetir la "transparencia" de la estadística ofrecida a diario a la ciudadanía. Amén de volver a afear a quien "utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política".

En ese momento ha intervenido el portavoz del PP, Luis Santamaría. "Lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad", ha espetado, alegando que el consenso que ha tratado de exhibir Campos está alejado de la realidad. En representante del Partido Popular le ha puesto sobre la mesa que no hay acuerdo ni en la veracidad de los números del coronavirus ni en lo relativo a las medidas planteadas para reactivar la justicia -tema sobre el que ha dudado la constitucionalidad de algunos puntos del real decreto-.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha tomado la palabra de inmediato. Lo ha hecho acusando frontalmente al Gobierno de esconder los datos reales de fallecimientos por el coronavirus y tildando el decreto como "un parche ante una terrible fuga". Tras él, desde Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reprochado la estrategia de vender "humo" de Ejecutivo y ERC ha denunciado lo que considera una "centralización abusiva e ineficaz" de competencias -en consonancia con lo expresado por Bildu-.

Más cerca de los postulados gubernamentales han estado, como no podía ser de otro modo, Unidas Podemos y el PNV -aunque este partido también se haya unido al rechazo generalizado de abogados y procuradores a la habilitación de buena parte del mes de agosto en los juzgados-. Así, Campo, titular de Justicia, ha esgrimido la "rabiosa constitucionalidad" del real decreto, un texto aprobado frente a un aluvión de reclamaciones y procesos judiciales. Y desde el PP se le ha instado a no confundir la "lealtad institucional" de los consejeros con el acuerdo.

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