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EDITORIAL

El Caso Marlaska: mentir al Parlamento

martes 02 de junio de 2020, 17:56h

El documento oficial, pero “Reservado”, dirigido por la Directora General de la Guardia Civil al Secretario de Estado de Seguridad (aunque con la firma digital torpemente borrada), proponiendo el cese del Coronel Pérez de los Cobos por haberse negado éste a entregar el informe solicitado por la Judicatura, demuestra de forma fehaciente y lapidaria que el relevo del Coronel no se enmarca en una simple operación de restructuración administrativa en la cúpula del legendario Instituto Armado, tal y como adujo el Ministro del Interior: en realidad, este incriminatorio documento demuestra que el relevo se debía y proponía porque Pérez de los Cobos, en su actuación a las órdenes del Poder Judicial, no se doblegó a las presiones del Ejecutivo, negándose a informar a cualquier otra instancia, fuera de la Jueza encargada del caso.

Es, pues, evidente que el Gobierno ansiaba conocer un informe solicitado por la Jueza de Instrucción, en un caso que atañe a supuestas responsabilidades del Ejecutivo en su cuestionada y denunciada gestión de una pandemia, que ha situado a España a la cabeza de contagios, fallecimientos, en general, y dentro del colectivo de sanitarios (medidos, claro, en proporción al número de habitantes, que no con las incomparables cifras absolutas a que acostumbra la propaganda gubernamental, cuando entra en modo “Aló Presidente”).

Con independencia de la calificación jurídica del caso, si estamos o no, ante un delito de obstrucción a la Justicia, (un terreno profesional complejo, sobre todo en un sistema tan garantista como el español, y más aún tratándose de una organización sujeta a disciplina y jurisdicción militar), es evidente que el Ministro –y el Presidente- están frente a una gravísima responsabilidad política: porque, Marlaska ha mentido al Parlamento, y el Presidente, sino lo cesa, también.

A los políticos españoles, en su ejercicio de gobierno, les cuesta mucho identificar y distinguir sus responsabilidades políticas de sus posibles responsabilidades jurídicas. A todos y de cualquier signo. Le pasó a Rajoy con el caso Bárcenas, convicto de delitos de corrupción siendo Tesorero del PP. Lo mismo les sucedió a varios dirigentes del PSOE en Andalucía y Madrid con los Eres (cuantitativamente, el mayor caso de corrupción de la Democracia). Y ahora, parece que nos amenaza algo de naturaleza similar, pero de mayor gravedad institucional.

Mentir al Parlamento en su ejercicio de control del Ejecutivo es inexcusable. En cualquier democracia occidental respetable, una actuación de esta naturaleza produciría la dimisión del ministro en cuestión, o bien su cese o recusación. Cualquier otra argucia gubernamental es impresentable y nos transporta a otras épocas. Y en esta línea de razonamiento, que no vuelva este gobierno Frankenstein a hablarnos de progresismo, como no sea el de un regreso a una dictadura de corte franquista, pero con la salsa plebiscitaria y totalitaria a gusto podemita: esto es, todavía peor

Por fin, sería triste asistir al suicidio de un profesional honesto. La carrera de Grande Marlaska ha discurrido hasta ahora por una trayectoria decente. Sería lamentable verle arrastrado al fango de la mentira por un mitómano congénito, cuya primera actuación independiente conocida consistió en plagiar su tesis doctoral, y que ha hecho de la mentira sistemática, disimulada en imagen y propaganda, la única política reconocible.

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