Franco, enrocado ante la jueza: "No había ningún elemento" para "prohibir" el 8M

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha explicado a la jueza que "no había ningún elemento" que le hubiera llevado a "prohibir" la manifestación del 8M, Día de la Mujer.

A la salida del juzgado, entre una multitud de periodistas que no guardaban la distancia de seguridad y durante tres minutos en los que han estado todos juntos, tras declarar como imputado por un delito de prevaricación ante la jueza que investiga sabiendo que había riesgo de contagio, ha sido claro: "No puedo ser responsable del 8M".

Franco ha resaltado que "no está acreditado" que el incremento de casos de la Covid-19 del día 9, el posterior a la concentración, "tuviera que ver con la manifestación". Para evadir su responsabilidad, ha subrayado que en todo momento "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley" y lo que les indicaban los expertos sanitarios.

El delegado del Gobierno aclaraba que su declaración ha consistido en "dejar perfectamente claro que la actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos". E insistía en que "no había elementos ni recomendaciones que llevase a la Delegación a prohibir el derecho fundamental de manifestarse".

Sobre los informes de la Guardia Civil que consideran que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación en Madrid y que apuntan que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información, ha dicho que desde el "respeto" a la Guardia Civil y a la Justicia, no está de acuerdo con los informes y se ha querido reservar su sobre si la juez está encabezando una "causa general" contra la gestión del Gobierno: "Me gusta ser cauto".

"Me ha tocado esto y he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado y ciudadano, y cumplir con la justicia", ha lamentado. También ha pedido disculpas por no haberse pronunciado sobre el caso hasta ahora. "No debía ni podía hacerlo por respetar el trabajo de la Justicia", ha dicho.

También comparecen como testigos el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

La magistrada rechazó el martes los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones.

"No puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada", sostiene en el auto en el que desestima la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo de este año en las que, entre otros asuntos, rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.

A la misma vez se conoció el informe del forense adscrito al juzgado de la causa, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron.

José Manuel Franco es el único investigado

También el martes la Abogacía del Estado pidió archivar la investigación al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que José Manuel Franco actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado. En ese escrito la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.

José Manuel Franco es el único investigado en la causa, que lleva semanas acaparando la atención mediática tras los informes de la Guardia Civil enviados a la titular del juzgado que conllevaron el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

El cese del coronel conllevó la dimisión del DAO del instituto armado, Laurentino Ceña, y a continuación Marlaska cesó al número tres del Cuerpo, el teniente general Fernando Santafé. Todo ello provocó duras críticas por parte de la oposición, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras la declaración del delgado del Gobierno en Madrid la titular del Juzgado de Instrucción 51 tomará declaración el jueves como testigos a ocho personas entre trabajadores de la Delegación y promotores de manifestaciones que iban a tener lugar en fechas próximas al 8 de marzo pero que fueron suspendidas por motivo sanitarios, según un informe enviado por la Guardia Civil al juzgado.

La magistrada ha rechazado en dos ocasiones actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.