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EDUCACIÓN

Rechazadas las enmiendas de PP, Vox y Cs y la 'ley Celaá' sigue su curso

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso.
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso. (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
miércoles 17 de junio de 2020, 18:26h

El Congreso, excepto PP, Vox, Ciudadanos y UPN, han dicho este miércoles que quieren que la conocida como ley Celaá, que es la nueva ley de Educación con la que el Gobierno quiere derogar la Lomce o ley Wert, siga su curso, que les gusta como está confeccionada. Así, han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres primeros grupos de la oposición, que la consideran una norma ideológica que ataca a la libertad de las familias.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que los argumentos de estos tres partidos "no responden al contenido" de la Lomloe ya que, por ejemplo, respeta la formación religiosa o la enseñanza del castellano. "Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley -la Lomce o "ley Wert"- que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018", ha recalcado Celaá. Esos recortes han afectado especialmente a la educación pública ya que los fondos para conciertos y subvenciones han crecido, en ese periodo, un 7,7,%, ha recordado.

Finalmente, la votación ha sido: no, 62 votos presentes y 133 telemáticos; y sí, 52 votos presentes y 101 telemáticamente; cero abstenciones. Fijar fecha para el debate sobre las enmiendas parciales será el siguiente trámite para la Lomloe.

La ministra ha asegurado que, en contra de lo defendido en sus enmiendas por los tres citados partidos, la Lomloe mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos y se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la Lomce que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional.

Además, "se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes", ha comentado.

La reforma del Ejecutivo sigue los objetivos de la Agenda 2030 -ha continuado defendiendo la ministra- y quiere reducir las diferencias territoriales en los principales indicadores educativos, entre otras vías, a través de los Programas de Cooperación Territorial. "Esta ley se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación" y con un esfuerzo inversor que "va más allá de coyunturas económicas o políticas", ha aseverado.

Ha recordado que en estos momentos de crisis sanitaria el Gobierno ha aumentado las becas en un 22% (386 millones de euros hasta alcanzar los 1.900), que se suman a los 2.000 millones de euros no reembolsables para educación del fondo de 16.000 para las comunidades. "Debemos avanzar juntos en lo que a todos nos preocupa: la mejora y la modernización de la educación, la formación profesional y la formación a lo largo de la vida como motores democráticos de la sociedad del conocimiento" y "sin dejar a nadie atrás", ha enfatizado.

Ha concretado en varios puntos los objetivos que se buscan: reducir el abandono escolar temprano, la carrera profesional docente, cambio curricular, fortalecimiento de la autonomía de los centros, mejora de la evaluación y tratamiento del abuso de la repetición. La ministra ha añadido que la ciudadanía reclama para la educación de más de nueve millones de alumnos y 700.000 docentes, "un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita" y la derogación de la Lomce y sus "negativas consecuencias".

PP y Ciudadanos han acusado a Celaá de centrase en su proyecto personal de la ley de educación en vez de plantear soluciones sobre la vuelta a las aulas, después del cierre de los centros escolares a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

La diputada del PP Cuca Gamarra ha acusado a la ministra de falta de liderazgo y de decisión de cara al comienzo del próximo curso escolar, "dos asignaturas -ha dicho- a las no se ha presentado en este curso y que espera un aprobado general que no se va a producir". "Usted estaba en otra cosa, en su propio proyecto personal, en su ego, en aprobar antes del estado de alarma, el 13 de marzo, una ley que llevara su nombre. Nada podía parar su hoja de ruta ideológica, ni una pandemia", le ha espetado.

Por otro lado, la portavoz popular de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, ha anunciado que cuando los 350 diputados puedan estar físicamente en el Parlamento, presentarán una alternativa a la Lomloe o "ley Celaá" para la modernización y transformación del sistema educativo. Ha considerado que Celaá se "ha empeñado a tramitar" un proyecto de ley "anticuado, superado y ya testado" y le ha pedido que lo devuelva "a las cocinas del Ministerio".

También el diputado de Cs Edmundo Bal ha acusado a Celaá de primar su ley de educación y de no tener un plan para la vuelta a las aulas en septiembre, sino que "da bandazos, lanza globos sonda y les dice a las comunidaes que se apañen como puedan". "Eso sí, lo importante es la ley de educación del PSOE, sin consenso de la comunidad educativa, de los grupos parlamentarios ni de la conferencia sectorial", ha considerado Bal, quien ha ahondado en la necesidad de tener una ley de país, no de un partido político.

La portavoz de Educación, Marta Martín, ha comentado que cuando "la mayoría de los mortales" se está preguntando cómo se va a volver los colegios, el Gobierno presenta una ley "con grandes sesgos ideológicos". "Abre un melón que ahora no toca", más en un estado de alarma, por lo que responde a una "falta de empatía con los ciudadanos" y es "una profunda irresponsabilidad", ha subrayado.

Cs ha rechazado que la Lomloe no haya pasado por el Consejo de Estado y ha augurado que si es aprobada "será derogada cuando cambie el color" del Gobierno, por lo que la octava ley educativa desde 1978 nacerá "muerta".

Para Vox la ley Celaá no garantiza la libertad ideológica, quita valor académico a la religión, desproteje a la familia, quebranta el principio de unidad de España o acentúa la ausencia del español en las comunidades con lengua cooficial y generará "absentismo, frustración y fracaso escolar". "No vamos a consentir una educación sexual de esta catadura y menos sin consentimiento de los padres", ni el adoctrinamiento sobre ideología de género ni la "corrupción y perversión" de la juventud y los menores, "mancillando su inocencia"; "dejen en paz a nuestros hijos y dejen a los niños ser niños", ha dicho su portavoz de Educación, Georgina Trías.

"Una enseñanza de calidad, realmente inclusiva debe reconocer la diferencia sexual y el diferente periodo madurativo entre los niños y las niñas", ha sostenido Trías.

¿Qué propone la ley Celaá?

Estas son las principales claves del proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE de 2006, denominado Lomloe o ley Celaá:

- Repetición: pasa a ser un recurso excepcional.

- Prueba de acceso a la universidad: se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad. Será necesaria la superación de una única prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, valorará la madurez académica, conocimientos adquiridos y capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

- Filosofía: se incorpora como obligatoria la materia de Historia de la Filosofía, que actualmente se imparte como optativa, en segundo de Bachillerato. En primero sigue la asignatura de Filosofía.

- Reválidas: se eliminan y habrá evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado. Tendrán carácter informativo, formativo y orientador. Serán muestrales y plurianules.

- Itinerarios de la ESO: se eliminan, estableciendo los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir del tercer curso de Secundaria y con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permite acceder tanto al Bachillerato como a la FP.

- Educación Especial: el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

- Profesores: en el plazo de un año presentará la regulación de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

- Formación Profesional: se eliminan requisitos de edad y se permite el acceso desde enseñanza de régimen especial. Se facilita cursarla de forma compatible con la actividad laboral. Programas de "segunda oportunidad" de carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

- Consejos escolares: tendrán mayor responsabilidad en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros. En el Consejo Escolar de los centros concertados habrá un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
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