El caso Pinochet sigue avanzando a pesar de algunos frenos

Los tribunales chilenos han ido, a su juicio, "más lejos" que la propia administración gubernamental, ya que a pesar de que la legislación interna "es muy limitada" -no tiene identificado el delito de genocidio-, ha recordado que se ha procesado a más de "300 oficiales de las Fuerzas Armadas".

Decenas de estos militares han sido ya juzgados y condenados "con penas inclusive de cadena perpetua, por crímenes contra los derechos fundamentales, por asesinato y desapariciones forzosas", ha añadido.

En cuanto a los "frenos" de ciertos gobiernos ante el caso, Garcés ha afirmado que Pinochet fue liberado en Londres "por la presión política combinada de los gobiernos chileno, británico y español de ese momento". "La estratagema médica que encontraron para que no fuera entregado a España para ser juzgado, fue su situación de demencia senil, lo que le incapacitaba para ser procesado en cualquier tribunal del mundo", ha recordado en conferencia de prensa.

Joan Garcés ha explicado que al descubrirse que mientras estaba declarado demente "estaba manejando millones de dólares en cuentas ocultas en bancos extranjeros", los tribunales británicos dejaron sin efecto su inicial decisión y "los tribunales chilenos lo procesaron".

Para el jurista valenciano, este avance hizo que en el momento de su muerte, Pinochet estuviera ya con orden de procesamiento y de detención, porque "los tribunales consideraron que sí estaba en condiciones de rendir cuenta de su comportamiento".

El jurista ha denunciado que una de las constantes de las cuatro administraciones que han sucedido a la dictadura ha sido el de "no tocar lo que hizo la dictadura, en particular en el terreno de las violaciones del derecho a la vida y de la integridad de las personas".

Garcés ha recordado que no fue hasta el 2006 cuando el Gobierno chileno admitió que "la tortura masiva practicada en Chile a partir de 1973 debía ser estudiada", pero establecía una norma que "prohibía hacer público la identidad de los torturadores hasta que pasaran 50 años, cuyo sentido era la impunidad de los mismos".

Hoy, sin embargo, "la situación ha cambiado porque los tribunales chilenos han abierto cada vez más su puertas a las denuncias de víctimas de asesinatos o desapariciones", ha asegurado.