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EDUCACIÓN

El PSOE desoye a la oposición y castiga a la concertada sin ayudas

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso.
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso. (Foto: Efe)
miércoles 01 de julio de 2020, 16:08h

El borrador pactado entre el PSOE y Podemos para la Reconstrucción Social y Económica ha excluido totalmente a la escuela concertada de las ayudas económicas destinadas a la Educación. El texto propone que todo el incremento de la inversión vaya destinado única y exclusivamente a la educación pública de gestión directa y las becas.

Desoye así todas las propuestas de la oposición, que entienden que se castiga a la educación concertada y especial para fortalecer la enseñanza pública, que el borrador define como "columna vertebral" del sistema educativo.

Las reacciones no se han hecho esperar y el líder del PP ha exigido que los fondos COVID vayan a la educación pública, pero también a la pública concertada para evitar una “discriminación en la libertad de elección de las familias”.

“El sectarismo ideológico del PSOE no puede tener cabida en las propuestas de reconstrucción ni en el periodo post COVID”, ha afirmado Pablo Casado, que defiende la formación profesional dual y critica que el Gobierno “persista en su error” respecto a la educación especial.

Desde el PP se expresaba también Pablo Montesinos: "Siempre defenderemos la libertad educativa".

Cs, que sí ha llegado con el PSOE a acuerdos en otras materias, ha anunciado que de momento no lo hay en Educación, aunque "seguirá negociando" para garantizar que todas las opciones del sistema público, incluidas la educación concertada o la educación especial, salen reforzadas de esta crisis.

El hecho es que el documento rubricado por PSOE y Podemos excluye a la concertada de esas ayudas económicas: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa"

El acuerdo incide en la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y en la necesidad de garantizar la inclusión y pide a las CCAA que potencien los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras.
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