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TRIBUNA

República versus Monarquía

Antonio Domínguez Rey
miércoles 15 de julio de 2020, 20:15h

“Yo pongo la cara, tú las ideas”. Esto parece decir el presidente a sus inmediatos colaboradores, el asesor áulico —huelga decir nombres— y el vicepresidente segundo del Gobierno. Una combinación de pantalla y estrategia de gabinetes más un coro de anuencias y letanía de eslóganes que cansan al repetirse en diversas circunstancias y con monotonía temática: capitalismo, neoliberalismo, fascismo, riqueza, machismo, discriminación, frente a socialismo, comunismo, democracia real, pobreza, feminismo, igualdad. Derecha e izquierda con leve transición de fronteras. Y ahora, sintetizada la oposición, República versus Monarquía.

Tal como acontece la situación política española, el presidente debiera aclararnos si es un topo comunista o si sostiene al comunismo en el Gobierno por estrategia de poder consolidado. Si lo primero, se aclaran muchas paradojas. Si lo segundo, se comprende. Resulta más efectivo tener como socios a quienes, de otro modo, por sus declaraciones reiteradas, serían en la calle más que adversarios políticos.

El presidente ha definido la situación como de cogobernanza. Admite que cuatro ministros y un vicepresidente segundo —este y una ministra en pareja endogámica de refuerzo social— pesan tanto como el resto del coro gubernamental: diecisiete carteras de veintidós repartidas entre once hombres y otras tantas mujeres. Un Gobierno bicéfalo sostenido por otros grupos cantonales que resultan decisivos para el mantenimiento del poder y declaran sin rebozo su ofensiva contra el Estado.

Esta cogobernanza no es una cohabitación a la francesa, aunque pudiera parecerlo. Ni una coalición de los partidos más votados, al estilo germánico. Ni una taracea para decorar el parlamento, con diseño finlandés o noruego. Nada objetivo justifica un gobierno paradójico que pretende invalidar la Carta Magna en cuyo nombre -juramento de por medio- resultó elegido. Al contrario, se echa en falta un refuerzo constitucional de cohesión política y coherencia democrática. Desde 2018, con la moción de censura, y 2019, tras las últimas elecciones generales, nada ha mejorado respecto de lo que teníamos. Se desfonda la credibilidad social. Crece la incertidumbre. Decrece la economía. Aumenta el gasto público. Tambalea, amenazada, la integridad territorial. Se diluye la imagen exterior del país. Perdemos el crédito adquirido. Aceptamos la vejación del recorte internacional marítimo sin el menor reclamo jurídico, ni siquiera al amparo de frontera europea. Asistimos inermes a la iconoclasia del patrimonio histórico allá donde fuimos fundadores de ciudades, creadores de cultura, adalides del derecho de gentes, sembradores de esperanza, libertades, es decir, de los principios fundamentales de la Humanidad. Y nuestras instituciones internacionales callan o rumorean impotentes allá donde España enarbola con orgullo símbolos del ingenio y de la lengua española. Lo son las estatuas abatidas de Isabel la Católica, Colón, Cervantes y Fray Junípero Serra en Estados Unidos.

¿Ha reaccionado debidamente la diplomacia española, como lo harían la inglesa, francesa, belga, holandesa, alemana, por ejemplo? ¿Dijo algo importante el Instituto Cervantes? ¿Se ha organizado un despliegue cultural para recordarle a los norteamericanos que hasta su Constitución tiene efluvios culturales españoles, como reconoció Thomas Jefferson, lector asiduo de El Quijote? ¿O que la independencia norteamericana (Declaración de 1776) contó con importante ayuda española negociada por el Conde de Aranda con Benjamin Frankling en París, botellas de blanco canario o de jerez (“Malaga Wine”) por medio?

A cambio, la cogobernanza se dedica a derrocar dentro del país el símbolo que abanderó desde hace siglos la Modernidad del continente americano. La Monarquía española es históricamente raíz y símbolo del Estado moderno. Oponerle el concepto de República como forma política más arraigada y actual de gobierno, requiere matices. La entidad monárquica era también república de gentes, culturas y letras. Asimiló en su doble raíz griega —“monos”: único, solo, y “arjé”: lo que está delante, comienzo, principio— el valor semántico originario de vanguardia y unidad de criterio. Un valor comunitario sostenido desde las primeras agrupaciones griegas, vigente asimismo en el Lazio y persistente en bastantes emperadores romanos. Era savia social del ágora y del foro, es decir, de la res publica. Y la Monarquía española mantuvo este valor en sus orígenes porque lo heredó, a través de la Iglesia, de Roma. La cultura clásica —poesía, teatro, novela, artes plásticas, historiografía— testimonia este legado. Ninguna realeza sembró principios de jurisdicción como la española. Y esto a pesar de los desmanes y abusos de bastantes nobles, colonos y cortesanos, más que de reyes. Por eso se dictaron regulaciones específicas, como las Leyes de Indias, o se crearon cabildos de representación democrática.

Este legado pone en entredicho la cogobernanza citada. El concepto republicano no cuaja en España por ser históricamente subsidiario. Aunque se decrete una República como praxis moderna de Estado, su presidente heredará ese valor de origen. Y a nuestro presidente ya se le nota como si él lo encarnara. Le recuerda al Rey que depende del Parlamento y que, desde éste, le puede minar con apaños las bases constitucionales de su título regio. La mayor paradoja al respecto fue la abolición de la Monarquía en Francia con el guillotinamiento de Luis XVI (1793) y la proclamación, poco tiempo después, y como síntesis de la Revolución por excelencia, de Napoléon Bonaparte Emperador (1804). Emergía de nuevo la doble raíz griega trasvasada al Imperio de Roma y más tarde a Carlomagno. De la presencia de Napoleón en España prolongada con la sombra de su hermano José Bonaparte en el trono (1808-1813) —un rey considerado además republicano—, derivó en gran medida la ambición colonial y contestación criolla de la independencia hispanoamericana (1810-1824) al ser derrotado Napoléon en la Batalla de Waterloo (1815). El presidente de la República francesa aún conserva hoy resplandores de aquellos atributos imperiales. El ímpetu liberador ya venía estimulado por la independencia de las Trece Colonias (Tratado de París, 1783), actual Estados Unidos, en la que había participado España aliada con Francia contra Inglaterra. La corona española contemplaba desde 1760, con Carlos III, varios planes para independizar los virreinatos, entre otros, proyectos de José Abalos y los Condes de Aranda y Floridablanca.

La Constitución española es tan magnánima, a pesar de aún imberbe, comparada con el entorno europeo, que contempla la disolución del sistema institucional que ampara. La Monarquía no es tabú, ni mucho menos. Tampoco la República. Basta con que la sociedad sancione una u otra forma de Estado, antes que de Gobierno. Ahora bien, la Constitución regula el procedimiento de reforma según términos específicos de actuación (Título X). Y hasta estos podrían revisarse rizando el rizo de proyección democrática que su trasfondo filosófico y jurídico enreda. Nuestra Constitución es “work in progress”. Y si se trata, no del concepto político de república, sino de una concreta, como restaurada de un breve, brevísimo período histórico frente a la secular herencia de la Monarquía, que traiga al menos —dice un republicano de pura cepa— el Tesoro que se llevó en 1939 fuera de España con el pretexto de salvaguardarlo. El famoso oro de la segunda República española (1931-1939). Con él vendría también gran parte, si no todo, del patrimonio institucionalmente monárquico.

El sistema de Monarquía parlamentaria es en España simbiosis y síntesis dialéctica, en bucle, de Monarquía y República. Al Rey no se le vota en sufragio público, ciertamente. Si embargo, el voto lo reconoce y le otorga un valor entrañado en la sociedad como sujeto de atribución histórica. En tal sentido, el sistema monárquico español se diferencia notablemente de los otros europeos. Y esto así lo entendió la sociedad española al votar la Constitución de 1978. De ahí derivan la incomodidad y protesta de quienes hoy no se sienten monárquicos. Lo mismo les sucedería, por otra parte, a quienes desconfían de soluciones republicanas en España. La Monarquía puede abolirse democráticamente, sin duda. Tendríamos que hacerlo, no obstante, valorando el peso histórico del país que integramos. Y las propuestas republicanas que el actual Gobierno de España insinúa son más debilidades que fortalezas de un Estado moderno con prosapia secular innegable. La revolución que instaure en España una República sigue siendo inédita.

Tal vez se está fraguando una remoción parlamentaria de escaños con la estrategia del “ministerialismo socialista”, sancionado por Rosa Luxenburgo en 1899 y Lenin en 1902. Consiste en introducir “pequeñas dosis de socialismo en la sociedad capitalista” (Rosa), pero teniendo presente, hoy al menos de reojo, la oportunidad revolucionaria entreabierta por las contradicciones burguesas. Y son bastantes, sin duda. La politización de la muerte con motivo de la pandemia, el aprovechamiento legislativo del estado de alarma, el desempleo consecuente del tejido empresarial y económico, la sobrecarga tributaria que se avecina, con la devaluación del entramado social, la desconfianza de Europa hacia nuestra credibilidad, son factores inquietantes de fractura del Estado. Se une a ello la sospecha de pretender encubrir esta quiebra política con la naturalización indiscriminada de emigrantes que compensen mañana en las urnas el déficit de voto hoy previsto. Por eso el presidente actual del Gobierno español debiera posicionarse ante esta estrategia y decir sin ambages si está, o no, conchabado con el comunismo. O si el cogobierno consiste solo en una táctica extractiva de ideas y praxis material de poder. Los comunistas llaman a estos estrategas compañeros de ruta o los tildan simplemente de tontos útiles.

No se trata, por tanto, de si un Rey fue o es indigno de la realeza que sustenta, aunque también, y para eso está el Parlamento, sino de sostener en cada instante el principio monárquico de la res publica, o viceversa, el origen y continuidad del comienzo siempre en vanguardia del Estado. Tampoco la República dependería de si su presidente fuera o no corrupto. “Arjé”: lo que va por delante. “Monos”: único, el que encabeza, dirige, el primero. El Princeps o primer ciudadano romano, título que ostentó Octavio Augusto en el año 27 a. C. y Trajano como Optimus Princeps a principios del segundo siglo de nuestra era. Trátese de Monarquía o República, la necesidad de un principio regio es consustancial al poder político. Y sin esa dirección o guía histórica, el Estado se desfonda, como sucede actualmente en España. ¿Es esto lo que se pretende y dentro de la Unión Europea? ¿Establecer y aprovechar las condiciones de una crisis social profunda que justifique reformar la Constitución y abrir la brecha republicana proyectando sobre la Monarquía la frustración del Gobierno? ¿Qué república es ésta? ¿Un recosido? ¿La máscara de una aguda impotencia política? ¿O el umbral de una dictadura de izquierdas? Los tontos útiles seríamos entonces todos los españoles.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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