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CALVENTE

Archivada la causa por acoso contra el abogado de Podemos que denuncia financiación ilegal

Archivada la causa por acoso contra el abogado de Podemos que denuncia financiación ilegal
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(Foto: EFE/J.J. Guillen)
EL IMPARCIAL/Efe
miércoles 29 de julio de 2020, 16:39h

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha archivado la causa abierta por acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones contra el abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido por el partido en 2019, al no considerar justificada la perpetración de esos delitos denunciados por otra letrada de la formación morada. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado este miércoles el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas.

La denunciante era Marta Flor Núñez, la abogada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la que ha trascendido su relación con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, que se está investigando, a raíz de las publicaciones de las conversaciones en un chat de abogados de Podemos. La magistrada adopta esta decisión al considerar que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa, en consonancia con el informe del fiscal, de fecha 10 de julio, detalla el TSJM. Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial.

En diciembre de 2019 la dirección de Podemos comunicó su despido por burofax al letrado José Manuel Calvente, hasta entonces responsable de Protección de Datos del partido, tras abrirle un expediente por un supuesto acoso sexual y laboral a la citada trabajadora. En el auto conocido este miércoles la jueza afirma que no se ha acreditado el delito de acoso sexual "ante la falta de evidencia de favor sexual alguna", ni "ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado", detalla el TSJM.

"La relación de amistad y confianza entre querellante y querellado fue consentida y compartida por ambas partes hasta febrero de 2019, tal como reflejan los mensajes aportados por la propia querellante", que en ese fecha dijo con claridad que solo quería una relación profesional. La magistrada considera que "los hechos denunciados tampoco son constitutivos de un delito de acoso laboral, ya que no hay relación de superioridad laboral" entre Calvente y Núnez, porque "el querellado es un mero coordinador del equipo legal" que de hecho se refiere a la abogada como "mi jefa" y "mi responsable".

Además, "no se han acreditado actos hostiles ni humillantes, sino graves desavenencias personales que transcendieron al ámbito laboral del equipo legal de la formación política y que causaron una importante preocupación a la responsable del equipo", en un conflicto que culminó con la desaparición del equipo y el despido de ambos letrados. Asimismo el auto explica que los hechos no son constitutivos de un delito de hostigamiento porque "no se ha acreditado que se haya alterado gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la querellante" desde que dejó su relación personal con el denunciado.

La magistrada detalla que antes ambos mantenían una relación "personal, de cercanía, amistad y confianza, consentida y apreciada por la querellante, como bien manifestaba en sus mensajes de gratitud y relato de intimidades al querellante". Tampoco aprecia la magistrada coacciones, ya que "no consta ninguna conducta violenta o intimidatoria del querellado para obligar, impedir o compeler a la querellante a realizar algo no querido por ella".

Ni ve un delito de lesiones porque no se han aportado partes médicos en este sentido y "no existe relación de causalidad entre sus alegadas bajas médicas en octubre y diciembre de 2019 y una actuación del querellado, siendo más propias de la situación de conflicto extremo al que se había llegado dentro de la organización de Podemos".

Acusa de financiación ilegal a Podemos

Se da la circunstancia de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado este miércoles a Calvente para que ratifique su denuncia contra Podemos por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.

Este juzgado ha abierto diligencias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal tras la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente por financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. El magistrado Juan José Escalonilla dictó recientemente la apertura de diligencias previas al apreciar que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Entre otras diligencias, el magistrado ha citado a Calvente este miércoles para ratificar su denuncia, que consta de 40 folios y en la que relata que conoció los hechos denunciados a partir de 2018, lo que considera ha sido la causa de su despido en diciembre de 2019.

También ha citado el juez en relación a esta denuncia a la que fuera responsable del Equipo Legal de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, y a otra abogada del equipo de Calvente despedida, Mónica Carmona, quien fuera responsable de Cumplimiento Normativo en la formación, ambas para el 15 de septiembre.

Calvente ha declinado hacer declaraciones sobre el contenido de la denuncia y las actuaciones judiciales por respeto al proceso, aunque al conocerse la apertura de diligencias aseguró que no se trata de una denuncia "contra Podemos" como partido, sino "contra algunas personas con cargos y trabajo dentro de Podemos que presuntamente han cometido irregularidades abusando de sus cargos y puestos de trabajo".

Entre los empleados y dirigentes de Podemos señalados figurarían Juanma del Olmo y Rafael Mayoral, este último también diputado del Congreso. Al presentar la denuncia, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal.

Debido al parón por el estado de alarma, este juzgado se inhibió tiempo después de la denuncia en favor de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por haber sucedido allí los hechos. El asunto recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que una vez recibida la documentación acordó abrir diligencias el pasado 16 de julio.

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