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TRIBUNA

Proteger al Rey

sábado 26 de septiembre de 2020, 19:26h

“La función del Gobierno es proteger la Monarquía”, ha afirmado el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para justificar la ausencia del Rey en el acto celebrado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado viernes 25 en Barcelona.

La protección de la Monarquía debiera ser una de las tareas principales de nuestros gobernantes. Más allá del poder moderador que ejerce por mandato constitucional, el Rey representa de manera simbólica algo que es cada día más importante en esta España quebrada por la afirmación de las identidades particularistas: la unidad de esas partes fragmentarias, la cohesión de un país abismado por las diferencias territoriales, sociales o educativas, agravadas todas por el desastre general de una pandemia a la que nuestros gobernantes parecen incapaces de hacerle frente.

Pero me temo que la pretensión del Gobierno al adoptar esa decisión -cuyas razones últimas nos han sido cuidadosamente ocultadas- no consistía precisamente en proteger al Rey. Más parece que ha consistido en proteger los intereses del propio Gobierno y su voluntad de aprobar la ley presupuestaria con los votos de todos los españoles que no quieren serlo y que rechazan abiertamente su condición de tales.

Son tiempos difíciles y extraños estos que estamos viviendo. Muy diferentes a otros en los que la política se encontraba al servicio de la ley y trabajaba por el interés general.

Por ejemplo, en el año 1904, y contra la opinión y el consejo de buena parte de sus asesores y de la opinión, Antonio Maura decidía llevar a Alfonso XIII a Barcelona por vez primera en su reinado. Se trataba, en efecto, de una operación de altísimo riesgo. Si la Ciudad Condal era un centro industrial y comercial de primera importancia, también lo era del auge del nacionalismo, del lerrouxismo republicano y -aún peor- del terrorismo anarquista. La visita fue un éxito y Maura la pagó con el primer atentado que sufrió en su vida. La crónica de aquel viaje es ya conocida, pero queda recogida también en la novela Una acuarela en Solórzano, editorial Almuzara 2020, firmada por el autor de este comentario.

No sería necesario tampoco echar la vista hacia esos tiempos para evidenciar el respeto de nuestros gobiernos por la institución ahora representada por Don Felipe. Restaurada la Monarquía en democracia, los diferentes ejecutivos españoles han sido capaces de articular un espacio de colaboración fructífera con ella en beneficio de todo el país. Hasta que llegó el actual Presidente, empujado al poder por una coalición desleal con la Constitución, las relaciones entre la Casa Real y sus gobernantes gozaban, por lo general, de un respeto mutuo. Quebrado éste, la pregunta que deberíamos formularnos sería: ¿de qué o de quién debería ser protegido el Rey?

Y la respuesta, no por evidente, conviene que quede una vez más declarada: deberíamos proteger la Monarquía, sí. Protegerla de quienes la combaten con el empeño de destruirla; defenderla de los nacionalistas e independentistas que la atacan porque representa la unidad de España; de los populistas y comunistas que pretenden regresar a los tristes episodios republicanos de nuestra historia; de un Presidente al que nada ni nadie importa con tal de amarrar su suerte al poder; de los que, en amalgama de todos los contrarios, persiguen la destrucción del orden constitucional de 1978 para sustituirlo por el desorden de una República confederal que conceda la autodeterminación a sus territorios y que ligue la condición de ciudadanía al carnet patriótico y la cartilla de racionamiento.

Proteger la Monarquía es lo mismo que combatir a quienes están conjurados a clausurar el espacio de convivencia que nos ha permitido vivir en libertad y en prosperidad en el mejor período de nuestra historia reciente.

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