El Gobierno podría decretar la medida excepcional si se se suspende de manera cautelar la Orden del Ministerio de Sanidad.
La situación política y sanitaria en la Comunidad de Madrid a cuenta de la pandemia provocada por el coronavirus y su gestión, se puede complicar aún más con su judicialización. Si el recurso presentado ante la Audiencia Nacional por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por “invasión de competencias” provocara la suspensión cautelar de la Orden del Ministerio de Sanidad, puede obligar a Pedro Sánchez a tener que declarar el estado de alarma únicamente para la Comunidad de Madrid.
La propia Díaz Ayuso lo sugiere en varios párrafos del recurso presentado. Por ejemplo, cuando dice que “resulta agravado cuando, a la vista de la intensidad de las medidas adoptadas, nos damos cuenta de que el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma”.
También cuando apunta: “Lo cual no solo significa que asistamos a una sustracción de competencias por la vía de una Orden del Ministerio de Sanidad adoptada a través de un Acuerdo del Consejo Interterritorial que carece de los requisitos legales para ser considera tal; es que en realidad la Orden del Ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma”.
Algunos medios apuntan a que en Moncloa ya tendrían preparada esta medida excepcional.
La incertidumbre es notable entre la población porque se está a la espera de lo que pueda anunciar la Audiencia Nacional, que debe pronunciarse en 48 horas, tras el recurso del Gobierno regional al considerar que contiene irregularidades y por el que ha pedido medidas cautelares. Pero hay que recordar que Vox ha solicitado que sean cautelarísimas.
La decisión judicial podría paralizar la aplicación de las medidas elaboradas por el ministro Salvador Illa hasta una resolución definitiva o puede permitir su puesta en marcha con todas las consecuencias.
La Audiencia Nacional da diez días a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para presentar el informe de alegaciones que defienda la medida cautelar que pide en el recurso.
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