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ENTREVISTA

Rodríguez Arribas: "La politización partidista podría causar un daño irreparable al Poder Judicial"

Ramón Rodríguez Arribas
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Ramón Rodríguez Arribas (Foto: RAA)
sábado 24 de octubre de 2020, 16:55h

El también presidente honorífico de la Asociación Profesional de la Magistratura advierte de que seguir con "el reparto de cromos" del CGPJ sería "profundizar en el escándalo".

Ramón Rodríguez Arribas me impresionó desde que le conocí hace casi veinticinco años. Por entonces él era magistrado del Tribunal Supremo, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Yo había accedido al Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas. Siempre nos entendimos pues ambos hablamos claro, como las buenas leyes que, por su claridad, no requieren de revoltijos interpretativos y desde entonces no he dejado de aprender de Ramón (sin apellidos), a quién sigo admirando, pues me sigue impresionando por su labor -luego en el Tribunal Constitucional y en este momento al frente de un despacho de campanillas-, por su bonhomía y buen humor, por su sabiduría y por sus anécdotas que me encantaría reflejar en un libro de vivencias insustituibles. Gracias Ramón, por recibirme y por contestar a estas ocho preguntas (podían haber sido treinta y cuatro). Y gracias por tu pedagógica capacidad de darte a entender aquí y en tus "terceras", por alzar la voz ante una nueva (sí, porque no es la primera) situación de peligro inminente para el Poder Judicial. Porque tú, Ramón, eres, sobre y ante todo, un juez.

A la vista de la convulsa historia del CGPJ ¿fue un error su creación por la CE de 1978? ¿Qué otra solución hubiera podido preverse en el nuevo contexto abierto por la CE de 1978 en relación con el gobierno del Poder Judicial? La solución adoptada por la Ley Orgánica de 1980 de elección de los Vocales judiciales por y entre los jueces y magistrados ¿es la única conforme la Constitución?

El Título VI de la Constitución Española de 1978 es de los mejores de nuestra Ley de leyes y la creación del CGPJ es un acierto, que está en la línea de las legislaciones de las naciones más avanzadas de Europa. Tal vez fuera excesivo lo de 20 miembros más el presidente, y tal y como se redactó la primera Ley del Consejo de 1980, iba en la buena dirección, ya que no solo los Vocales judiciales eran elegidos por los propios Jueces (y no por las asociaciones, que solo proponen candidatos), sino que también estableció un auténtico “desapoderamiento” del Poder Ejecutivo, dadas las plenas competencias administrativas del Consejo sobre todos los funcionarios y su régimen disciplinario. Desgraciadamente, la Ley Orgánica de 1985 acabó con ambas cosas y ahora, en otro paso de tuerca, podríamos acabar con el Consejo como verdadero órgano de garantía de la independencia judicial.

La famosa enmienda Bandrés a la Ley Orgánica de 1985 que prosperó y dio lugar a que todos los Vocales, incluso los judiciales, fueran elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado fue validada, con reparos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 108/1986 ¿Fue esa reforma de 1985 una mutación constitucional como dijo Jiménez de Parga? ¿Supuso lo que se ha llamado “el primer asalto al Poder Judicial”?

Al Gobierno socialista de 1982, como en realidad pasa con todos los políticos de partido, le estorbaba un Poder Judicial fuerte, y efectivamente y con habilidad, realizó una verdadera “mutación constitucional”, que, después, nadie ha querido anular, porque un órgano constitucional también independiente de los partidos políticos, no se mira por éstos con simpatía.

¿Por qué los partidos políticos y las asociaciones judiciales de la izquierda están en España en contra de la elección de los Vocales judiciales por y entre los jueces?

Habría que preguntárselo a ellos y a ellas (partidos y asociaciones), pero la regla general suele estar en que quien no quiere un sistema de elección es porque cree que en él no va a ganar nunca. Los jueces autodenominados “progresistas” no llegaban al 14% en 1980, y cuatro décadas después, y a pesar de las reformas, de la propaganda y de que se han jubilado varias generaciones, no consiguen pasar de esa cifra.

¿Cómo explica esa posición a la vista de las Recomendaciones e Informes de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia o de GRECO? ¿Es España una excepción en el Derecho Comparado?

La postura de las instituciones europeas ha sido exigente con la elección de Vocales judiciales por sus pares, a instancia desde los años 90 de la Asociación Europea de Jueces, que aprobó en Bis Baden (en marzo de 1993) el llamado “Estatuto de los Jueces en Europa”, cuya iniciativa y ponencia fue de la Asociación Profesional de la Magistratura de España. Esto mucha gente no lo sabe, pero es la verdad, y ese germen ha hecho que ahora sean absoluta mayoría los que sostienen que la independencia judicial exige que la mitad o más de los miembros de los Consejos de la Magistratura sean jueces elegidos por jueces.

La pervivencia del modelo de elección parlamentaria de todos los Vocales del CGPJ, ¿Qué peligros comporta para la independencia del Poder Judicial? ¿politización? ¿Imagen de politización?

En materia judicial la imagen, la percepción de una parte importante de los ciudadanos, es tan trascendente como la realidad. En España, los Jueces han sido siempre independientes, pero si los ciudadanos, aunque sea injustamente, llegan a creerse lo contrario, el daño al Estado de Derecho será temible. Aunque el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial, y es solo su órgano de gobierno administrativo, la politización partidista que lleva consigo la elección parlamentaria de todos sus miembros, ha ido trasladando esa imagen al conjunto del Poder Judicial, y si no se corrige pronto, el daño puede ser irreparable.

¿Qué opinión le merece la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialistas y de Unidas Podemos? ¿Es inconstitucional? ¿Qué efectos comportaría su aprobación para España en el contexto europeo?

La proposición de Ley de elecciones de los Vocales judiciales por las Cámaras Legislativas por mayoría absoluta, en segunda votación, es, en realidad, una trapisonda legislativa para que los Jueces que vayan al CGPJ sean los que decida el Gobierno y los partidos que le apoyen en el Congreso y en el Senado, es decir, es un ataque al corazón del Estado de Derecho, que es además patentemente inconstitucional y que nos puede poner a los niveles de la ultraderecha de Polonia y Hungría, y al borde de un expediente en la Unión Europea.

¿Debe ya renovarse el CGPJ, cuyo mandato concluyó hace casi dos años, con el sistema vigente? ¿Con qué condiciones?

El mandato constitucional es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada 5 años y debe ser cumplido, aunque no sea la primera vez que sucede el retraso. Naturalmente, la proposición del Partido Popular para volver al sistema de elección de Vocales judiciales por los Jueces, no es que yo esté conforme con él, es que esa fórmula está conforme con mi opinión pública desde 1985. Pero, aparte de esa fórmula, que difícilmente se puede conseguir ahora, podría convertirse la elección por las Cámaras en una verdadera elección parlamentaria. Si las Comisiones de nombramientos del Congreso y el Senado elaboraran la relación de candidatos, publicando sus currículums (que ya están seleccionados desde hace tiempo los propios Jueces) y fuera el Pleno de cada Cámara el que, en un debate público, valorase los méritos de esos candidatos y acabara votando, uno por uno, de manera secreta y dando libertad cada grupo parlamentario a sus miembros. Sería muy difícil que, incluso con el viciado sistema actual, no se pudiera renovar el CGPJ de una manera mínimamente decente y sin bloqueos. Pero seguir haciendo la designación con reuniones privadas de los portavoces hasta llegar a acuerdos de “repartos de cromos”, que luego votarían dócilmente y según su adscripción ideológica, todos los diputados y senadores, hasta con la guinda de conocer desde ese mismo momento a quién iban a elegir los vocales como presidente del Tribunal Supremo y por ello, también del Consejo, sería profundizar en el escándalo que se ha venido produciendo en cada ocasión.

Y, por último, ¿El nombramiento de una ex ministra del gobierno como Fiscal General del Estado es contraria a la institucionalidad del Ministerio Público y a los principios de independencia imparcialidad que debe garantizar el mismo?

El nombramiento como fiscal general del Estado de la diputada de un partido que pasa desde un Ministerio, a dicho cargo institucional, que no es ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, sino “que está inserto en el Poder Judicial”, fue ya un mal comienzo y una señal de lo que podía suceder con todo lo demás. La Jefatura de la Fiscalía debe estar ocupada por un miembro de la Carrera Fiscal prestigiado por su imparcialidad anterior o por un abogado u otro jurista sin adscripción ideológica expresa, y en ningún caso por un político, pero para que se hagan las cosas así, hay que creerse de verdad los principios del Estado de Derecho y de la Democracia.

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