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TRIBUNA

Examen al nuevo estado de alarma

lunes 26 de octubre de 2020, 20:37h

Por favor, señor Nuevo Estado de Alarma, tome asiento. Examinado su real decreto, se encuentran una serie de aspectos de dudosa constitucionalidad y uno de evidente inconstitucionalidad, que se le señalan con el objeto de que reflexione sobre ellos y trate de resolverlos, so pena de incurrir en el riesgo de una lesión del ordenamiento jurídico, en tanto que, por el privilegio jurisdiccional de las leyes y normas con fuerza de ley —como es el caso de los reales decretos por lo que se declaran cualquiera de los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución—, no se enmiende dicha anómala circunstancia por la intervención, en su caso, del Tribunal Constitucional. En el caso de la manifiesta oposición a la Constitución que se le indicará, deberá subsanarlo de inmediato; pues está ocasionando ya sin duda una lesión.

1. Con carácter previo, se le recuerda que sigue estando vigente el artículo primero, uno, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES). Establece éste la base para la adopción de cualquiera de esos estados excepcionales y que, evidentemente, ni se dio entonces, ni se da ahora: «Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes». No hay duda que, pese a las «circunstancias extraordinarias» del COVID-19, la normalidad se pudo y se puede mantener con los «poderes ordinarios de las Autoridades competentes». Solo requiere voluntad política de los distintos gobiernos y administraciones públicas.

El que las autoridades competentes hayan hecho dejación de funciones y de su responsabilidad política —comenzando cronológicamente por la vicepresidenta primera del Gobierno, que lo anunció de forma pública; así como, a bombo y platillo, el presidente del Gobierno, la derrota del coronavirus y que nos podíamos ir todos de vacaciones a disfrutar sin freno, ni tasa—, y no hayan aprobado una legislación racional y homogénea para toda la nación en los cuatro meses transcurridos desde el fin del anterior estado de alarma, incrementa la sospecha de una voluntad que no quiere resolver un problema duradero, mediante una regulación estable, y prefiere la excepcionalidad por los amplios márgenes que concede, aun a riesgo de incumplir lo dispuesto en la legislación vigente.

2. La LOAES dispone que, en el estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el presidente de la comunidad autónoma cuando su declaración «afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad». Es evidente que no estamos en ese caso; pues el estado de alarma se ha declarado para todo el territorio nacional (cf. artículo 3). Luego, no es posible la delegación de la autoridad que se ha efectuado.

3. También presenta serias dudas la importantísima cuestión de la circulación entre comunidades autónomas y, no se olvide, entre las provincias que aquéllas engloban y entre éstas y las de otras comunidades autónomas (cf. artículo 6). Porque, señor Nuevo Estado de Alarma, ha establecido la posibilidad de que los presidentes autonómicos puedan levantar fronteras interiores entre comunidades. Al margen del retroceso estético a los inicios del siglo XIX y la lucha de las naciones contemporáneas por la superación de las barreras interiores —y del lío que esto mismo está generando en Alemania—, la cuestión decisiva respecto de su cuestionable constitucionalidad estriba en los efectos normativos de la decisión de un presidente autonómico en las demás comunidades autónomas y, de forma inmediata, en las limítrofes. Así, Aragón, a la hora a la que se le hacen estas indicaciones, ha decidido clausurar su región, con lo que quedan afectados los ciudadanos que vivan en Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana.

4. En relación con lo anterior y con dimensión de Estado, nada convincente resulta la redacción del artículo referido a las fronteras (cf. artículo 9, párrafo segundo). Por mucho que manifieste de forma expresa que «la medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras», establece solo la obligación de informar «con carácter previo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación»; pero no que su efectividad dependa de estos ministerios o del Gobierno. Lo que supone renunciar —lo que no es posible constitucional, ni legalmente— a una competencia exclusiva del Estado central (artículo 149.1.2ª de la Constitución).

5. Tampoco resulta pacífico que se admita como tercera posibilidad en el artículo 7.3 la prohibición de una manifestación (artículo 21.1 de la Constitución) y no solo su limitación o condicionamiento.

6. La rendición de cuentas prevista en el artículo 14 tampoco se ajusta ni al espíritu de los estados excepcionales que se contiene en la Constitución, ni a la LOAES (artículo octavo, uno). Primero; porque el deber de información se asigna al Gobierno y, en el decreto, se fija que será el ministro de Sanidad y en una comisión del Congreso de los Diputados. Lo natural es que sea el jefe del órgano, esto es, el presidente del Gobierno y ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que es el órgano constitucional que adopta las prórrogas en su caso. Segundo; porque fija que informará quincenalmente; pero la LOAES es muy clara cuando dice que «le suministrará la información que le sea requerida», sin indicar frecuencia. Puede estimar el Congreso que quiere recibir información más a menudo.

7. Pero, por encima de estas cuestiones de discutible encaje constitucional, adolece su real decreto, señor don Nuevo Estado de Alarma, de una previsión y contiene una disposición que lo deviene manifiestamente anticonstitucional.

Lo que no permite el estado de alarma en modo alguno es renunciar a la propia competencia del Gobierno de fijar para todos unos criterios objetivos para la limitación de los derechos y libertades fundamentales. Dicho de forma castiza: «No vale el artículo 10». La declaración del estado de alarma da cobertura, en efecto, para limitar y modular, dentro de los límites y rango que se fije, los derechos y libertades fundamentales en el real decreto que lo apruebe; pero hay que justificarlo en éste. No remitir a otra norma de inferior rango que puede ser modificada en cualquier momento. O dicho también de forma castiza, no se puede pasar el “marrón” a las comunidades autónomas. Las reglas tienen que estar contenidas en el real decreto de estado de alarma.

En segundo lugar, si ni siquiera se ha hecho lo anterior, el estado de alarma habilita aún menos para que el Gobierno, una vez declarado un estado de alarma de ámbito nacional y que es quien debe responder ante el Congreso de los Diputados, sitúe la modulación de esa incidencia en los derechos y libertades fundamentales en otros órganos, aun sean estos las autoridades competentes delegadas. El resultado inevitable va a ser una desigualdad de las condiciones básicas «que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales» (149.1.1ª de la Constitución).

Daniel Berzosa

Profesor de Derecho Constitucional y abogado

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