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TRIBUNA

En torno al Rey parlamentario

Juan José Laborda
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1718lamartingmailcom/12/12/18
jueves 29 de octubre de 2020, 20:08h

El Rey de la Constitución no es un lujo prescindible de un antiguo Estado europeo. La Monarquía parlamentaria del título primero de la Constitución es su clave de bóveda. Alterar esa forma política del Estado pondría en crisis todo el orden constitucional.

Pero el caso es que el Rey como Jefe de Estado está en discusión. Hay minorías muy importantes en las dos Cámaras parlamentarias que lo han puesto en discusión. Lo discuten, y también discuten la validez de la Constitución, y casi todos que lo hacen, también discuten que España sea la “patria común e indivisible de todos los españoles…”(art. 2 CE).

Vivimos una época en la que todo está en discusión, en España, en Europa y en la otra orilla americana del Atlántico. Desde 1989, cuando empezó la actual globalización, la Edad Contemporánea dejo paso a otra época que aún no tiene nombre. Los dos conceptos esenciales de la Edad Contemporánea, la Revolución y la Nación Soberana, especialmente en Europa, dejaron de ser funcionales, y en su lugar no apareció algo equivalente. Sensación de vacío. De ahí la incertidumbre, la sensación social de estar arrojados a un futuro sin nombre; de ahí que las democracias, antaño capaces de integrar las diferencias, hoy estén desfallecidas y amenazadas de desintegración. España, Gran Bretaña, Estados Unidos, y tantos otros Estados…todo está en discusión, pero no encontramos respuestas.

En España ahora se pregunta, ¿para qué sirve un rey? Es evidente que el escándalo del rey emérito añade peso a ese interrogante.

El Rey que se restauró entre noviembre de 1975 y diciembre de 1978 fue un rey nuevo en España, y distinto de los reyes parlamentarios europeos. No se despojó de sus poderes en un largo proceso histórico, sino que fue resultado de un corto proceso histórico que se convirtió en Derecho. Eso fue el período constituyente, como cualquier auténtico período constituyente.

La gigantesca operación por la que el Rey pasó de poseer todos los poderes del Estado a no tener ninguno podría explicar por qué esta Monarquía fue y es distinta. No hubo ningún pacto entre el Rey y los constituyentes; de los monárquicos con los demócratas. Tampoco lo quisieron el Rey, ni los constituyentes.

No hubo referéndum previo sobre la Monarquía. De haber habido referéndum, que el rey hubiera ganado ampliamente, no hubiera sido posible establecer un Rey neutral, sin ningún poder estatal, poseedor solo de la auctoritas, esa capacidad misteriosa de representar a todos y de limitar simbólicamente cualquier poder.

El Rey se discutió en el Congreso constituyente como cualquier otro órgano del Estado. Cabría recordar que Luis Gómez Llorente, diputado socialista por Asturias, defendió una enmienda a favor de la República como forma política del Estado. Ese hecho añadió autenticidad al debate constituyente de 1978, pero solo cerró honorablemente una antigua historia.

El 30 de agosto de 1948, en San Juan de Luz, Gil Robles, en nombre de los monárquicos, pacta con Indalecio Prieto, representando a los socialistas y republicanos, una solución democrática para España, por la que se restauraba la monarquía en la persona de Don Juan de Borbón.

Años después, el 8 de junio de 1962, en el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, el mismo Gil Robles hablaba con Rodolfo Llopis, entonces máximo dirigente socialista del exilio, de restaurar la monarquía si ésta garantizaba una democracia como la de los países del Mercado Común.

Don Juan de Borbón, arrastrado por un régimen que calificó aquella reunión de “contubernio de Múnich”, cometió el error de condenarla. Si la democracia ya no se cifraba en restaurar la República, sino en restaurar la Monarquía, el único Rey posible era Juan Carlos, y desde ese momento el futuro rey comprendió que lo que amalgamaba democracia con Monarquía era Europa como destino de España.

Desde que fue proclamado Rey en noviembre de 1975, Don Juan Carlos iba ser un rey nuevo. El 1 de agosto anterior, se firmó en Helsinki un tratado que ponía fin a la guerra fría, y con el que se iniciaba la actual globalización. De dos sistemas politicosociales enfrentados, se pasó en pocos años a una nueva etapa histórica caracterizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue nuevo ver en televisión, solo en Helsinki, eso sí, a Arias Navarro, el último gobernante de Franco, estrechar efusivamente la mano a Leonidas Brezhnev, el secretario general del PCUS, el enemigo consustancial.

Tiempos de novedades; y en España lo que era nuevo fue “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”, según dijo Adolfo Suárez, el sucesor de Arias, ya con el Rey, el 9 de junio de 1976.

El Rey nuevo quería reinar en 1975, pero sabía que España era una sociedad europea, muy distinta de la autárquica de los años treinta.

A nadie interesaba restaurar la República, ni tampoco restaurar la Monarquía del principio monárquico, y menos aún la monarquía del 18 de Julio, sino que el Rey solo podría reinar siendo un rey democrático.

Y el Rey optó por eso, incluso prescindiendo de la tradición. Unos días antes de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, hubo una ceremonia discreta, en la que Don Juan de Borbón, el heredero según la tradición, renunciaba a la Corona en favor de Don Juan Carlos. El único representante del Estado presente, fue el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, uno de los arquitectos de las novedades de la Transición.

El Rey de la Constitución es un Jefe de Estado neutral, que representa el pluralismo democrático, y que no depende de los partidos políticos.

Es un Jefe de Estado neutral, pero que no está neutralizado. Todas sus acciones son políticas, y por eso están sometidas al refrendo de sus actos, de los artículos 56, 64 y 65 de la CE.

Si la política en democracia es lo que domestica y controla al poder, el Rey hace política, pero una política que se sitúa por encima del poder, que flota como una gota brillante de aceite en la corriente agitada, a veces turbia, de la política partidaria.

Ésta es la respuesta a: ¿Para qué sirve el Rey?

Pero hay más.

El Rey sin poder, pero con auctoritas, el rey neutral, puede hacer cosas que un Jefe de Estado republicano no alcanzará jamás a hacerlas.

El Rey representa a la nación en una época posnacional, y en la Unión Europea eso significa que la unión necesitará cada vez más, para progresar, de una conexión con la historia nacional que los reyes simbolizan.

El Rey de las Monarquías parlamentarias posee la auctoritas, y la auctoritas solo funciona a través de símbolos, que es lo opuesto al poder efectivo, pero la carga simbólica del Rey, en una época que se comunica con símbolos, hace del rey parlamentario más funcional que un Jefe de Estado republicano.

¿Ejemplos concretos de lo que hablo?

Los discursos del Rey al abrir las diferentes legislaturas.

Manuel Aragón hace tiempo que señaló que el Rey es el actor más brillante del sistema parlamentario, pero también el menos relevante.

Sin embargo, si Felipe VI no hubiera resuelto de manera perfecta las dificultadas inmensas de las últimas legislaturas y las investiduras subsecuentes, nuestros problemas institucionales hubieran sido mayores. Recordemos, por comparación, la actuación de Alcalá Zamora y de Azaña ejerciendo la Jefatura del Estado en situaciones parecidas.

Pero hay otros ejemplos más significativos de lo que vengo señalando.

El Rey nuevo de la Constitución, decíamos que era distinto a los reyes europeos. Esto nos ayuda a entender la diferencia con los demás reyes parlamentarios, si reflexionamos lo que ha significado el discurso de Juan Carlos la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, deteniendo el golpe de Estado, o el discurso, también televisado, de Felipe VI, del 3 de octubre de 2017, defendiendo la Constitución en Cataluña frente a los intentos separatistas.

El sentimiento de pertenencia a la nación española brota de la conciencia de pertenecer a un Estado democrático avanzado, y como señalo hace tiempo el filósofo alemán Habermas, cualquier sentimiento nacional que no sea democrático nos enajena de Europa. Y la Monarquía parlamentaria expresa el patriotismo de nuestro tiempo. Habermas habló de patriotismo constitucional para el caso de Alemania, pero nosotros tenemos una historia, con todo, sin las vergüenzas de la alemana.

En mi opinión, el Rey de la Monarquía parlamentaria es moralmente incompatible con el populismo, y es una garantía para que éste no crezca. Aquí nunca habrá un Jefe del Estado extremista como puede suceder en Repúblicas hasta ahora ejemplares.

Las consecuencias de que el Rey democrático de España sea resultado de la Constitución y no de la evolución histórica de las monarquías, me lleva a preguntarme: ¿esa es la causa por la que el Rey español está obligado a la acción institucional permanentemente?

El Rey siempre está activo, sabe que es observado, y parece estar respondiendo constantemente a la pregunta: ¿para qué sirve el rey?

Esto nos vuelve a relacionar con el refrendo gubernamental de los actos del Rey, y también dirige la pregunta al Gobierno y demás órganos de la democracia: ¿el Estado de la Monarquía parlamentaria puede dejar solo al Rey, o como mera solución de circunstancias?

Y para terminar, como en El Príncipe de Maquiavelo, hago una propuesta de futuro: la Monarquía, como la Constitución, está en discusión, pero no está en crisis. El Rey Felipe VI está haciendo discretamente una tarea necesaria de adaptación de la Monarquía a estos tiempos difíciles e inciertos. La Reina Doña Leticia es muy importante en esa tarea, pues el futuro de la Monarquía parlamentaria está vinculado a la persona de Leonor, princesa de Asturias.

Juan José Laborda

Consejero de Estado-Historiador.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTIN es senador constituyente por Burgos y fue presidente del Senado.

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