La Unión Europea: un contrapeso democrático en tiempos inciertos

Comenzando nuestra propia década de los 20, han transcurrido ya cien años desde que, finalizada la Gran Guerra en 1918, comenzara el proceso de degradación y posterior derrumbe de no pocas democracias liberales del Viejo Continente, conocido como Crisis del Liberalismo. Dicho declive democrático tendría por principal origen la esperanza generada en la ciudadanía por una serie de personajes carismáticos y de corte populista, que elocuentemente anunciaban al pueblo utopías a la vuelta de la esquina, cuya puesta tan sólo requería despachar aquellas complejas, frustrantes e impotentes democracias. Lenin, Mussolini o Hitler -entre otros- se erigieron en salvapatrias con el apoyo popular, derrumbando las instituciones democráticas para concentrar su poder en nombres y rostros identificables para el pueblo, paladines de un futuro glorioso para la nación. Un nuevo orden mundial y, a sus pies, un brillante futuro para el pueblo de la mano de líderes firmes y decididos, exentos de sometimiento alguno a lentos procesos y farragosas normativas.

Occidente aprendió sus lecciones de aquellos años (a sangre y fuego, ciertamente) constituyendo una de ellas, aparentemente indiscutida durante muchos años, la máxima decimonónica de Lord Acton: “si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Resolutos a desconfiar de salvapatrias, los europeos entregamos el poder -unos antes que otros- a instituciones democráticas, regidas, entre otros, por el irrenunciable principio de separación de poderes.

Nunca he compartido la visión pesimista sobre el carácter inevitablemente cíclico de la Historia. La Historia no tiene por qué ser cíclica, pero ciertamente puede serlo cuando se olvidan las grandes lecciones del pasado (el “tesoro de los errores”, citando a Ortega). Tras una crisis económica en 2008 con parangón sólo en la Gran Depresión de 1929 -que también desempeñó un insustituible papel en el declive democrático del período entre guerras-, el populismo ha florecido nuevamente con fuerza en Occidente. Junto al traumático derrumbe anglosajón (el Brexit y la elección de Donald Trump se sucedieron en tan sólo unos meses en los únicos dos países cuyas democracias, hace cien años, resistieron contra viento y marea frente a los movimientos antidemocráticos), no pocos movimientos populistas de corte nacionalista han prosperado en Europa, caracterizándose todos ellos por una principal obsesión: la erosión del principio de separación de poderes.

En España no somos ajenos a esta deriva, si bien con la peculiaridad de provenir de la izquierda -y no de la derecha nacionalista- el populismo con responsabilidades de gobierno (Spain is different). En efecto, al Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, emanado de aquella moción de censura cuyo principio vertebrador acaba de ser expresamente censurado -con poca repercusión mediática- por el Tribunal Supremo, ha seguido un gobierno “multicolor” que ha consagrado como Vicepresidente al líder de un movimiento populista con públicas y reconocidas simpatías (y abultadas pero opacas relaciones económicas) con regímenes izquierdistas dotados de un acreditado pedigrí de degeneración democrática.

Como era de esperar, poco se hicieron esperar los atentados frente al sagrado principio de separación de poderes. Precedidos por las públicas y notorias manipulaciones tanto del CIS como de RTVE, al nombramiento como Fiscal General del Estado de la dos días antes Ministra de Justicia del Gobierno (recordemos que el Presidente afirmó el pasado noviembre, en una entrevista en RTVE, su convicción de “depender” el Ministerio Fiscal del Gobierno) siguieron los ceses en la cúpula de la Guardia Civil -motivados por la negativa del Coronel Pérez de los Cobos a revelar al Gobierno, prevaricando, el contenido de investigaciones judiciales en curso que comprometían al mismo-, así como un abuso sin precedentes tanto cuantitativo como cualitativo del constitucionalmente “excepcional” decreto-ley, invadiéndose permanentemente la competencia legislativa de las Cortes Generales, y un largo etcétera que haría ilegible este artículo.

El último asalto ha sido la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ), planteada en fraude de ley mediante un subterfugio -la proposición de ley en lugar del proyecto de ley- dirigido a evitar los preceptivos informes (probablemente ruborizantes) del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Una reforma cuyo más rechazable aspecto no es, desafortunadamente, la treta formal en cuestión, sino la imperdonable pretensión de acabar con la mayoría reforzada prevista por la LOPJ para la elección de los 12 miembros judiciales del CGPJ, en lo que constituye un acto de agresión sin precedentes al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 117.1 de nuestra Carta Magna. Una reforma que pretende justificarse en la omisión de la Constitución sobre dicha mayoría en su artículo 122.3 (frente a lo que ocurre con los miembros juristas), pero que encierra un grave engaño: la omisión en cuestión en modo alguno se debe a un “relajamiento” constitucional de las condiciones de elección de estos 12 miembros sino que, antes al contrario, obedece precisamente a la voluntad de la Constitución de que los mismos fuesen elegidos directamente por los propios jueces y magistrados (como así fue hasta la reforma de la LOPJ en 1985). No puede olvidarse en esta línea que la propia Sentencia del Tribunal Constitucional nº 108/1986, de 19 de junio, que dio el visto bueno (a mi juicio, erróneamente) a la reforma de 1985, ya reconocía los “riesgos” inherentes a la elección parlamentaria de los 12 miembros judiciales, si bien enfatizando que los mismos se mitigaban parcialmente al optar dicha reforma por una elección por mayoría reforzada de tres quintos. Una prudente cautela de la LOPJ que es la que ahora se busca suprimir por el Gobierno, en un nuevo giro de tuerca dirigido a controlar el Poder Judicial.

No obstante, frente a lo que ocurrió en el período entre guerras, los europeos del presente tenemos la fortuna de contar con una instancia adicional en liza, que constituye un elemento esencial del equilibrio entre poderes para la garantía de la libertad y la prosperidad de la ciudadanía europea. Se trata, ciertamente, de la Unión Europea crecientemente comprometida con la defensa del Estado de Derecho y la Democracia, notas incorporadas como propias a los principios de la Unión y que, lejos de limitarse a enunciaciones de carácter semántico sin implicaciones políticas o eficacia jurídica, han motivado en los recientes tiempos actuaciones valientes y comprometidas de las instituciones comunitarias, erigiéndose como auténtico contrapeso democrático frente a los movimientos populistas continentales y su deseo de erosionar la separación de poderes de los Estados miembros.

Así, es frente a la Unión que se ha estrellado, al menos por el momento, el intento de reforma, pues el precedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con Polonia y Hungría ante intentos similares de debilitar la independencia judicial se ha traducido en una reacción clara de una Unión Europea, azuzada por la inteligente “europeización” del conflicto y la airada indignación polaca frente a un eventual trato desigual en la materia. Una respuesta comunitaria que no se hizo esperar, llegando de la mano del Comisario de Justicia de la Unión y su “preocupación” respecto de la propuesta, así como el trascendental recordatorio -no se dio puntada sin hilo- de la necesidad de contar con el beneplácito a este respecto del Consejo de Europa (organización internacional en cuyo seno se sitúa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción o GRECO). Una organización que ya ha anunciado el pasado 21 de octubre su radical oposición a una reforma similar, considerando que “se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y puede resultar en una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa”.

La derrota ha sido estrepitosa, y las eventuales consecuencias de la apertura de un procedimiento de incumplimiento (que pueden llegar a afectar tanto a la capacidad de voto en la Unión como a la recepción de ayudas cruciales para el Estado) pueden ser suficientes para disuadir al Gobierno de proseguir con lo que no puede sino calificarse como despropósito. Un esperpento cuya suspensión ha sido ya anunciada para júbilo de cualquier demócrata, bajo la excusa de la apertura de la negociación con el Partido Popular.

Los españoles no debemos olvidar que esta victoria se la debemos, sin duda alguna, a la Unión Europea, pues, pese a la abrumadora oposición de la ciudadanía, la reforma habría salido sin duda adelante y, lo que es peor, probablemente sin coste electoral para el ejecutivo, sumida como está España en una irrespirable dinámica de bloques que todo lo admite, todo lo justifica en la supuesta peor condición del contrario. Congratulémonos, pues, de contar con una Unión con la que los europeos del período entre guerras no contaron, para su desgracia.

Sin embargo, una vez superada -al, menos en apariencia- la deriva, cabe plantearse, recurriendo al refranero, “si para este viaje hacían falta alforjas”, pues la mera propuesta de dicha reforma es otra mancha más en un crédito internacional de España que no atraviesa precisamente su mejor momento. Hace poco escuché una reflexión tan atinada como cierta, de la que me parece oportuno hacerme eco: la reputación de un país se parece en cierto modo a un castillo de naipes. Su levantamiento requiere de mucho tiempo y esfuerzo, de notables cantidades de paciencia y dedicación; sin embargo, la complejidad de su construcción es antagónica a su facilidad de colapso, pudiendo derrumbarse con facilidad para perderse irremediablemente, en cuestión de días, el terreno ganado a lo largo de décadas.

La única pregunta que queda, pues, es si asumirá alguien su responsabilidad política por este escándalo y la repercusión en el crédito internacional de España. Una pregunta a la que todo el mundo conoce la respuesta, y que cabe resumir recurriendo a una máxima bíblica: por sus hechos conocemos ya, desafortunadamente, a este Gobierno.