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TRIBUNA

El largo camino hacia la renovación del CGPJ

Antonio Salas Carceller
sábado 12 de diciembre de 2020, 19:43h

Parece que los impulsos periódicos que se dan a las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se diluyen por causas absolutamente ajenas al normal desarrollo de un órgano constitucional de tanta importancia.

Seguro que la renovación se habría producido ya si no hubiese prosperado la llamada “enmienda Bandrés”, que alteró la inicial redacción del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 atribuyendo a las cámaras legislativas la facultad de nombrar a la totalidad de los miembros del Consejo, privando así a jueces y magistrados de la facultad de elegir a los doce miembros de procedencia judicial, según los términos literales y fácilmente comprensibles que empleó el legislador constitucional al establecer la composición del órgano y siguió la primera Ley Orgánica de 1980 al abordar la designación de los llamados vocales judiciales.

Nadie -repito, nadie- pensó en el período constituyente que se iba a imponer una elección plenamente parlamentaria pues, de haber sido así, la lógica imponía su incorporación a la propia Constitución, lo que sin duda nos habría llevado a decidir el sentido de nuestro voto con mayor conocimiento de causa. Ese nuevo sistema comportaba algo tan ilusorio como decir que la Ley Fundamental había establecido con detalle quién nombraba a ocho de los vocales -los juristas de reconocido prestigio- pero no se había preocupado de señalar a quién correspondía nombrar a los doce restantes -jueces y magistrados en activo-. Curiosa realidad que algunos pretendieron justificar diciendo que bastaba con que se tratara de miembros en activo de la carrera judicial, siendo indiferente quién o quiénes habrían de designarlos. Más bien habría que insistir en lo contrario: resultaba esencial saber a quién había de corresponder esa facultad de favorecer -no nos engañemos- a jueces y magistrados ejercientes, que obtenían un “status” privilegiado durante un período de cinco años -ahora se ha demostrado que suele ser un período mayor- frente a su posición anterior de servicio en juzgados y tribunales. Tanto es así que, en muchos casos, quienes accedieron al Consejo nunca volvieron a desempeñar funciones judiciales y pasaron a ocupar destacados puestos políticos o, también en algunos casos, a integrarse en despachos profesionales, porque se habían desvinculado de la profesión judicial.

No discuto el sistema por miedo al normal funcionamiento del sistema democrático y de la soberanía nacional que naturalmente radica en el Parlamento, sino porque -aunque parezca exagerado-si eran las Cámaras quienes debían elegir a la totalidad de los vocales, mejor hubiera sido que la Constitución no estableciera la necesidad de que se integraran en el Consejo doce jueces y magistrados en activo. Podrían haber sido juristas de prestigio sin más. La designación parlamentaria -o sea, por los partidos políticos- de los vocales pertenecientes a la carrera judicial tenía -y sigue teniendo, pese a las modificaciones posteriores- un significado perverso: el juez o magistrado, en activo, que quisiera ser vocal tenía que buscar apoyo en los partidos políticos, con todas las connotaciones que ello comporta. Yo recuerdo que, en el año 1985, en que se produjo esa primera elección parlamentaria, cuando yo era un joven juez de instrucción en Murcia, tuve el atrevimiento de dirigir al Presidente de las Cortes -entonces, don Gregorio Peces-Barba- a través de mi superior gubernativo -el presidente de la Audiencia Territorial de Albacete- una inocente comunicación preguntando que, si se iba a realizar una elección parlamentaria de los vocales judiciales, cómo podía yo optar a dicha elección y si se iba a arbitrar algún medio para que quien quisiera aspirar al ejercicio de tan alta función pudiera explicar ante las Cámaras legislativas sus ideas y proyectos sobre el Poder Judicial y su gobierno. No lo hice alegremente, sino amparado expresamente en una norma constitucional, ya que el artículo 23.2 de la Constitución establecía -y sique disponiendo-que todos tenemos “derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Naturalmente, aún espero la respuesta. No sé si por las muchas ocupaciones -sin duda de mayor importancia- de quien hubiera de articular la contestación o por la propia dificultad que podría entrañar el sentido de la misma.

El mismo silencio obtuve cuando, allá por el año 2012 o 2013, tuvo lugar una reunión en el Tribunal Supremo entre magistrados de todas las Salas y un alto representante del Ministerio para cambiar impresiones sobre el estado de la Administración de Justicia y del propio Tribunal Supremo, así como del Consejo General del Poder Judicial, y se me ocurrió preguntarle cómo era posible que habiéndose constituido un Gobierno que contaba con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado no se cumplía uno de los postulados de la campaña electoral del partido que lo sostenía acerca del cambio en el sistema de elección de los vocales judiciales.

También se ha dado en la práctica una consecuencia inadmisible del sistema y que supone incluso una evidente desconsideración hacia los vocales aún no designados. Y es que, desde el seno de los partidos, nace incluso el nombre de quien haya de presidir el Tribunal Supremo y también el Consejo General del Poder Judicial, haciéndose publico el nombre. Esto es, cuando los vocales del nuevo Consejo todavía no se han reunido -y, en muchos casos, ni se conocen- ya se les ha facilitado la labor estableciendo a quién tienen que votar para presidirlos, función que legalmente sólo a ellos corresponde.

Pues bien, el Tribunal Constitucional decidió en su famosa sentencia de 1986 que la nueva regulación cabía en la Constitución, pero hizo algunas advertencias respecto del necesario consenso que debían conseguir los candidatos, lo que -en la práctica- significaba la necesidad de una facultad de veto respecto de aquellos no aceptados por una mayoría de 3/5 de cada Cámara.

Ahora la solución que se pretende frente al ejercicio de dicho veto es disminuir la mayoría necesaria para la elección de los vocales de procedencia judicial, bastando en segunda votación la mayoría absoluta, de modo que sería diferente la mayoría requerida para miembros de la carrera y para juristas; y no sólo eso sino además, enterrando la doctrina constitucional sobre el asunto, que se realice votación única en las Cámaras la cual englobará a todos los candidatos propuestos por cada bloque de partidos. En definitiva, no hay valor para someter a cada candidato a votación singular, lo que sin duda sería lo más democrático. Por el contrario cada bloque de partidos presenta diez nombres -seis jueces y cuatro juristas- en cada Cámara y se vota como lista cerrada, sin exclusiones. Lamentable e inadmisible.

Quizás ese sistema de votación singular sería el único capaz de salvar el llamado “bloqueo” en la designación de los vocales. Nadie es imprescindible. Por ello cada candidato tendrá que obtener el apoyo de la mayoría reforzada de 3/5 y, si no es así, tendrá que ser presentado otro.

Antonio Salas Carceller

Ex Magistrado del Tribunal Supremo

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