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TRIBUNA

Trump, redes sociales y derechos fundamentales

miércoles 13 de enero de 2021, 20:33h

No seré yo quien se alce en defensa de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato (o, para ser más preciso, desde el inicio de su campaña presidencial en 2016), se ha revelado como un perfecto prototipo del líder populista; un fenómeno que constituye, en la actualidad, la más grave amenaza a los regímenes democráticos occidentales.

Me refiero, claro está, a aquellos individuos cuya forma de hacer política tanto se parece a la táctica militar de “tierra quemada”. No existen límites, ni tampoco moral. Todo es justificable para prolongar el poder del líder populista y, sobre todo, la crispación de la sociedad y su polarización en “buenos” y “malos”. En fin, todo puede y debe arder, si, para cuando las llamas se apaguen, el populista se alza como rey de las cenizas. Aunque una democracia sólida no debe encontrarse indefensa ante el Gobierno populista, pues el Estado de Derecho y la separación de poderes la asisten, nunca es invulnerable al fenómeno.

El ejemplo de Estados Unidos es claro. Cuatro años tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca -y sin perjuicio de algunos éxitos en lo económico o en política exterior- el país se encuentra tan dividido como no lo había estado, quizá, desde su decimonónica Guerra Civil. Un período a cuyo terrible colofón asistimos el pasado 6 de enero, en una vergonzosa y triste jornada que no es preciso explicar aquí y de la que pueden derivarse consecuencias penales para el todavía hoy Presidente (pese a sus tardías rectificaciones) y quedando por ver si provocará su destitución antes incluso de que su sucesor tome posesión. La profanación de un principio sagrado de la democracia como es la inviolabilidad del parlamento no debería quedar impune, o no tardará en volver a producirse.

Dicho lo anterior, cabe reconocer que Trump y sus seguidores cuentan hoy con un argumento irrebatible en su oposición al llamado Establishment. Una premisa que genera legítima indignación y creciente frustración en un porcentaje nada desdeñable de la ciudadanía norteamericana, y que, de mantenerse o incrementarse, puede llevar a una deslegitimación del sistema democrático. Me refiero a la creciente intervención política de los gigantes de Internet, que, en aplicación de sus políticas de uso y bajo argumentos que cualquiera podría suscribir (prevenir la desinformación, evitar la diseminación de mensajes de odio o incitación a la violencia) tras reiteradas censuras han decidido excluir de sus plataformas al Sr. Trump. Un hecho polémico –“problemático”, en palabras de Merkel- que ha generado, por su relevancia, un debate sobre la legitimidad de este tipo de vetos en Internet. Y ello porque en un mundo en que una parte sustancial de la comunicación se desarrolla en las llamadas “redes sociales”, la expulsión de éstas es poco menos que una “versión siglo XXI” de la ateniense condena al ostracismo.

El debate puede zanjarse, en opinión de algunos, antes de empezar. En este sentido, cierto es que los medios de comunicación privados (pues este es, salvando las distancias, el más cercano antecesor de las redes sociales) tienen todo el derecho de reservarse lo que publican o dejan de publicar, como parte irrenunciable de su liberta de prensa. Y sin embargo, ¿puede acaso defenderse que nos encontramos ante el mismo fenómeno? Considero que no, por dos motivos.

El primero es que la actividad de los medios de comunicación se basa precisamente en discriminar qué publicar y qué no. A qué conceder mayor importancia y a qué prestar menor atención. Pretender un control de tal legítimo ejercicio para evitar “discriminaciones” supone poco menos que enterrar la libertad de prensa que, en España, se encuentra reconocida en el artículo 20 de la Constitución; por cierto, junto a la prohibición de la censura previa. Por el contrario, la actividad de las redes sociales no conlleva, por naturaleza, una decisión positiva respecto de lo que se publica, sino la mera puesta en funcionamiento de las herramientas que permiten al usuario (a todos los usuarios) publicar por sí mismos. Una excepcional prohibición de publicar sí puede vulnerar, llegado el caso, la prohibición de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 CE).

El segundo motivo de distinción no es menos importante, y es que ninguno de los medios de comunicación privados ocupa, al menos en España, una posición de monopolio en el mercado de servicios de información, como sí puede argumentarse respecto de los principales portales de redes sociales en sus respectivos segmentos. En este sentido, bien puede rescatarse la noción del “abuso de posición dominante” que, en el Derecho de la competencia, somete a los gigantes de un determinado mercado a un especial deber de moderación y autocontrol en su actuación en el mismo, con el fin de contrarrestar los riesgos que un excesivo peso en dicho mercado trae consigo. Siguiendo esta línea, no es discutible que, incluso si se reconoce a Facebook, Twitter o Instagram el derecho a censurar las publicaciones -lo que puede ciertamente abrirse a debate-, deberían al menos hacer uso de tal facultad con especial prudencia y moderación, pudiendo de otro modo vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y ello en la medida en que, cada uno en su “mercado”, actúan si no en régimen de monopolio, desde luego como operadores dominantes; así lo opina, por ejemplo, la Comisión Europea.

Independientemente de los más o menos loables fines que muevan a las citadas plataformas en su progresivo incremento del control de contenidos, la polémica se aviva en relación con las intervenciones con marcado carácter político o ideológico. A este respecto, más allá del Derecho, considero personalmente que el populismo no se resiente con este tipo de intervenciones, sino que, al contrario, se refuerza (en realidad, un elemento imprescindible del populismo es el victimismo). Por ello, quizá convenga rescatar a Voltaire (o más bien Evelyn Beatrice Hall) y su “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, para recordar que el populismo sólo puede ser derrotado mediante la confrontación con sus contradicciones, pero no otorgándole más argumentos para extender sus teorías conspiratorias, glorificando la resistencia e impulsando a quienes utilizan la frustración de la ciudadanía para medrar en pos de sus intereses personales.

En este ámbito, me permito humildemente proponer dos ideas alternativas que quizá puedan aportar algo al debate. Ambas parten de la convicción de que, partiendo de la posición dominante antes expuesta y de la muy diferente función de las redes sociales respecto de los medios de comunicación tradicionales, es razonable posibilitar un control público eficaz de las exclusiones en redes sociales que incurran en discriminación ideológica, religiosa o de otra índole. En otros términos, siendo claro que nos encontramos en una materia en la que, por su novedad, rige la “autotutela” (esto es, el tomarse cada la justicia cada uno por la propia mano), quizá convenga habilitar mecanismos para sustituir dicho sistema por la “heterotutela”, atribuyendo la decisión en los casos conflictivos a un órgano público y neutral. En eso se basa, entre otras cosas, el Estado de Derecho.

Una primera opción puede ser la creación de un control jurisdiccional específico de las “exclusiones”, mediante un procedimiento judicial para la defensa de los derechos fundamentales preferente y sumario configurado ad hoc como el existente respecto del derecho fundamental al honor (art. 53.2 CE). A él podrían acudir los ciudadanos afectados, demandando la protección judicial de sus derechos. No obstante, el anterior control a posteriori -que, en cierto modo, ya se encuentra disponible-puede resultar en sí mismo insuficiente para configurar un control eficaz, en especial atendiendo a los muy diferentes tiempos de la Jurisdicción e Internet. Una propuesta en esta línea puede ser la inversión de la dinámica actual para exigir una autorización judicial previa -quizá cautelar- de cualquier “exclusión” o censura. Como excepción, podrían permanecer en el control directo y excepcional por las propias compañías, en aras de la eficacia, aquellos casos extremos como pueden ser la lucha antiterrorista, el control de la pornografía infantil o, llegado el caso, la existencia de grave e inminente riesgo para a la seguridad o integridad de las personas.

Una segunda opción, quizá más realista, puede ser la creación de una autoridad administrativa enfocada a un control inmediato y previo de las exclusiones o censuras, configurando un modelo similar al de los Consejos de Transparencia. Así, los ciudadanos afectados podrían demandar una corrección inmediata de la decisión por la red social dominante, que iría dirigida a estos órganos. Sólo después su decisión podría ser llevada a la Justicia. De este modo, tales organismos actuarían de filtro preliminar pero eficaz, evaluando el caso de forma sumaria y descargando a la Justicia del indudable peso de la labor que comentamos. Especial énfasis requiere la necesidad de dotar a estos órganos de un estatuto que garantice su eficacia e independencia, motivo que podría incluso llevar a proponer su incorporación como sección especializada de un órgano constitucional; por ejemplo, el Defensor del Pueblo (cuya labor esencial es la defensa de los derechos fundamentales).

No obstante, no podemos perder de vista que nos encontramos ante una materia novedosa, que, lejos de fórmulas mágicas, requiere de un sosegado debate que, considerando a las partes implicadas, nos permita desarrollar herramientas justas y eficaces para equilibrar los diferentes intereses en juego. Todo ello, como no puede ser de otra manera, de conformidad con los principios esenciales inherentes a la democracia liberal y al Estado de Derecho. Manos a la obra.

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