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ELECCIONES CATALANAS

Nuevo golpe de la Justicia a las 'trampas' secesionistas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se quita la mascarilla.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se quita la mascarilla. (Foto: Efe)
martes 19 de enero de 2021, 17:19h
Reacciones de los líderes independentistas a la decisión del TSJC: "Es un 155 encubierto".
Salvador Illa y Miquel Iceta.
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Salvador Illa y Miquel Iceta. (Foto: Efe)

Los secesionistas han vuelto a encontrarse con la Justicia de frente y sus “trampas” nunca superan la ley como pretenden. Así, las elecciones catalanas vuelven a estar convocadas para el próximo 14 de febrero, al menos por el momento, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya dejado en suspenso de forma cautelar el decreto por el que la Generalidad desconvocaba los comicios y los emplazaba al 30 de mayo.

Esto supone de facto un nuevo golpe de la Justicia a las argucias de los independentistas, que buscan, y todavía lo pueden conseguir, retrasarlas alterando de esta forma la reglamentación electoral. El primero en mostrar su enfado ha sido el expresidente Quim Torra, que ha acusado al TSJC de obstinarse en "gobernar Cataluña al margen de las urnas".

"El TSJC continúa obstinado en gobernar Cataluña al margen de las urnas, la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de los ciudadanos. Para vergüenza nuestra, una vez más", ha apuntado en un tuit:

Tampoco estaba muy contento el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ve en la suspensión del aplazamiento de las elecciones catalanas "un nuevo 155 encubierto". Es de la opinión de que "jueces y régimen del 78" están "dando un golpe a la democracia".

Junqueras ha asegurado que "al candidato Illa lo ganaremos otra vez en las urnas, como hacemos siempre con el PSOE, pero el ministro Illa debería valorar qué pone por delante, si la salud o los cálculos electorales".

Desde el Govern, su portavoz, Meritxell Budó, ya ha anunciado que presentarán alegaciones contra esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero no le ha quedado otra opción que ordenar ya la reactivación de todos los mecanismos necesarios para que se puedan hacer el 14 de febrero hasta que se resuelvan todos los recursos presentados.

El Ejecutivo catalán no comparte la decisión del Alto Tribunal catalán y ha recordado que el aplazamiento de las elecciones se decidió en función de "criterios sanitarios y epidemiológicos que, a día de hoy, siguen vigentes". Han advertido del riesgo.

Pero la decisión no es definitiva. El TJSC ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas después de la impugnación de Lliga Democràtica y Federalistes d`Esquerres (vinculados al PSC) y anulan el decreto de la Generalidad hasta decidir sobre el fondo de la cuestión. Es decir, la decisión del TSJC puede variar, pues no anticipa su posicionamiento sobre la legalidad del retraso electoral.

El decreto hace pensar que las elecciones se puedan aplazar sine die, ya que el texto estipula que “las elecciones al Parlament se convocarán para que tengan lugar el 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud públicas y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con deliberación previa del Govern”.

Se entiende del texto que las elecciones pueden celebrarse más tarde de ese 30 de mayo puesto que al final se trata de lo que determine el Ejecutivo catalán.

El Gobierno, encantado

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que esta sentencia será "acatada por el Gobierno" y ha señalado que tiene "poco más que añadir". Ha recordado, eso sí, que la decisión es "coincidente" con el diagnóstico que hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que dijo que la suspensión de unas elecciones no está contemplada en la ley electoral.

El PSC, principal beneficiado, ha pedido que se retomen los preparativos para unas elecciones el 14 de febrero. Su secretario general, Miquel Iceta, ha recordado que ellos proponían un aplazamiento técnico de cuatro o cinco semanas porque "se ajustaba mejor a la legalidad".

La decisión es del gusto del candidato socialista y a la vez ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no quiere que se retrasen las elecciones para que no se deteriore más su imagen por la gestión de la pandemia. Algunas voces apuntan que cuanto antes deje la cartera ministerial, menos posibilidades de seguir perjudicando su popularidad con sus propias actuaciones.

Iceta ha explicado que la maniobra de la Generalidad presentaba "graves dudas jurídicas" y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide "prudencia" ante una medida que puede cambiar y "respeto" a las decisiones de los tribunales. Quiere que se hagan compatibles el derecho a la salud y el derecho a la participación política. Arrimadas quiere que los comicios sean "cuanto antes", pero "sin poner en riesgo ni la salud ni la vida" de los votantes.

El PP prefiere esperar a la resolución judicial definitiva para pronunciarse. Su candidato Alejandro Fernández, apuntaba: "Respeto absoluto a los pasos que dé la Justicia con respecto a las elecciones en Cataluña. El Estado de Derecho consiste exactamente en eso".
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