La investigación sobre las víctimas del franquismo desata la polémica

Baltasar Garzón ha dado un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas. En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos para que le hagan llegar un listado de las personas desaparecidas que hubieran sido localizadas, así como los lugares y fechas de su hallazgo.

Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales, mientras que el de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se ha mostrado sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político. En este mismo sentido se ha pronunciado este martes el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que ésta pueda concluir en una acusación por delito.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera que esta iniciativa de Garzón "tiene poco futuro" desde el punto de vista jurídico y apunta que esta cuestión debería resolverse en "el propio ámbito político". Según explicó el portavoz de la asociación, Miguel Angel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones "tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es". Sin embargo, explicó, es "bastante discutible" suponer que estamos ante "delitos imprescriptibles", ya que deberíamos hablar de un delito "tipo de genocidio" que además no prescribe desde su incorporación a la legislación española, algo "mucho más tardío". Del mismo modo, habría que determinar "quién es el sujeto o sujetos a los que se les puede exigir responsabilidades". Por todo ello, Jimeno señaló que la iniciativa del juez no tiene "ninguna salida" desde el punto de vista jurídico. A su juicio, es "evidente" que la Ley de Memoria Histórica "tiene lagunas", pero estimó que no deben ser resueltas por el Poder Judicial, sino por "el Ejecutivo", en "el propio ámbito político".



En la foto (Efe), el Cementerio de la Salud de Córdoba, donde podrían estar enterradas en fosas comunes algunas de las personas desaparecidas.

Sin embargo, la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional defendió este martes "la integridad profesional" de su compañero Baltasar Garzón después de las críticas en su contra publicadas en un editorial del periódico 'El Mundo' y anunció que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por este periódico. Tras una reunión, los magistrados Santiago Pedraz , Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Eloy Velasco acordaron por unanimidad ante la publicación del citado editorial, titulado 'Truculenta Garzonada', poner de manifiesto que este artículo de opinión "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales" y llega a "poner en entredicho la integridad profesional del magistrado Baltasar Garzón".

Rechazo del PP, respeto socialista
El presidente del Gobierno ha manifestado su respeto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional. Zapatero ha recordado que la iniciativa del magistrado responde a una demanda de ciudadanos que acuden a la justicia. A partir de ahí, ha precisado, las actuaciones que realice Garzón merecen por parte del Gobierno "una consideración de respeto", en garantía de la independencia del poder judicial, por lo que Zapatero no ha estimado oportuno hacer valoraciones al respecto.

Por su parte, Mariano Rajoy, ha dicho que no es partidario de "reabrir las heridas del pasado", sino de mirar al futuro. Ha recordado que cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica ya dijo que "lo mejor de la Constitución de 1978 fue que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar al futuro y construir un futuro mejor". En el seno de su partido, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja ha sido el más duro al calificar de "disparate" la decisión del juez. "España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España", ha sentenciado.