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A PARTIR DEL 9 DE MAYO

El Consejo de Estado y el PP piden a Sánchez un "plan B jurídico" para después del estado de alarma

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (Foto: EFE)
jueves 08 de abril de 2021, 19:59h
El órgano consultivo recomienda reformar la Ley de Salud Pública para dotar a las comunidades de instrumentos que puedan limitar derechos frente a la pandemia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaba este jueves la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de "un plan B jurídico" antes de que el próximo 9 de mayo decaiga el estado de alarma. Entienden en el Ejecutivo que ya hay "un marco jurídico suficiente", pero el Consejo de Estado ha entrado en escena para sugerir al Gobierno que adecúe la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades autónomas "el mejor marco jurídico posible" para afrontar la pandemia de coronavirus.

De esta forma, el supremo órgano consultivo del Gobierno, recomienda al Ejecutivo que reforme esta ley para dotar a los gobiernos regionales de instrumentos jurídicos suficientes para poder limitar, en caso de que hiciera falta, derechos y libertades frente a situaciones de pandemia sin tener que volver a recurrir al estado de alarma.

De hecho, esta recomendación del Consejo de Estado a Pedro Sánchez figura en el preceptivo dictamen del 22 de marzo al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo interpuso contra la norma gallega que establece medidas de control de las personas enfermas por covid, como el aislamiento en domicilio o centro hospitalario o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse. El Gobierno decidió recurrir esta norma ante el Constitucional porque, a su juicio, estas previsiones contempladas en la ley de salud de Galicia, y que restringen derechos fundamentales, solo se pueden regular mediante una ley orgánica que debe ser dictada por el legislador estatal, no autonómico.

Así, este dictamen, publicado en el BOE, sugiere que el texto de la Ley de Salud Pública "podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción" con el fin de "proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".

Hay que recordar que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública data de 1986 y exige someter a control judicial las directrices que aprueben los gobiernos autonómicos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso una reforma de esta ley para dotar de seguridad jurídica las decisiones de los presidentes autonómicos en la lucha contra la pandemia.

El plan jurídico del PP

Pablo Casado ya ha asegurado que el Consejo de Estado da la razón a la postura de su partido, que exige un "plan B jurídico" para rellenar el vacío que dejará el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El líder del PP ha vuelto a pedir al presidente Sánchez sentarse a negociar para tramitar con urgencia una alternativa jurídica.

Casado era claro con el presidente: "Si le importa la salud y no la propaganda puede aprobar en 15 días el plan jurídico del PP para dar amparo a las comunidades autónomas". “A tiempo estamos de aquí al 9 de mayo de hacerlo”, señalaba para recordar que bastaría con utilizar el procedimiento de urgencia a través de un artículo único.

“Si no, entonces tendremos que pensar que la salud no importa y que durante un año se ha querido gobernar por decreto y estado de alarma para evitar responsabilidades en los tribunales”, algo que el líder del PP consideraba “inmoral” tras 100.000 fallecidos y tres millones de contagios.

Desde el PP recalcan que el informe del Consejo de Estado es clave para que el Gobierno rectifique y los escuche y defiende que su texto, que ya rechazó el Congreso, permitiría aprobar restricciones sin arbitrariedad en el aval de los jueces.

Pero en el Ejecutivo, Montero insistía: "Las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia sanitaria, tenemos una Ley de Salud Pública que ampara una gran parte de las actuaciones que las autonomías pueden desarrollar en términos de limitaciones, y hay un marco jurídico suficiente amparado y reforzado con lo que se ha trasladado en el Consejo Interterritorial, de obligado cumplimiento".

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