La OCDE reconoció este miércoles que una subida de impuestos en España puede ser útil para reducir la desigualdad y las emisiones contaminantes o financiar reformas educativas, laborales o en innovación, pero advierte de que la fiscalidad solo debería subir cuando la recuperación sea firme.
En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.
Entre sus principales recomendaciones en el terreno fiscal, están la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro.
También el incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, como pueden ser los carburantes de automoción o el gasóleo de calefacción, para gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que tendría que ir acompañado de un dispositivo de redistribución en dirección de las familias más pobres para que no se vieran perjudicadas.
A nivel internacional, una de las "prioridades" debe ser un acuerdo, que se negocia en la OCDE, sobre la fiscalidad de las grandes multinacionales digitales, afirmó el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en la presentación del documento.
Reformas
"La pandemia nos ofrece una oportunidad única para reinventar y mejorar nuestros sistemas económicos", recalcó Gurría.
El exministro mexicano recordó que durante los confinamientos muchos trabajadores se beneficiaron de los ERTE, pero "los autónomos no siempre estaban cubiertos, y los de la economía informal no tenían ningún tipo de red social".
Los autores del informe hacen notar que la pandemia ha reforzado las debilidades de la economía española, que son sobre todo las de un mercado laboral con un alto desempleo, una capacitación insuficiente de los trabajadores, muchas diferencias entre regiones y una alta temporalidad.
Su primer consejo es acabar con las diferentes reglas autonómicas para establecer un mercado interior "verdaderamente único" que no ralentice el crecimiento de las empresas ni ponga obstáculos a la productividad ni a la creación de empleo.
Eso pasa por continuar la aplicación de la controvertida Ley de Garantía de Unidad de Mercado que se aprobó en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular, darle mayor transparencia y aumentar la cooperación entre diferentes administraciones.
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