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TRANSPORTE

El Gobierno quiere cobrar a los conductores por usar las autovías del Estado en 2024

El Gobierno quiere cobrar a los conductores por usar las autovías del Estado en 2024
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EL IMPARCIAL/Efe
miércoles 05 de mayo de 2021, 16:07h

Se van descubriendo más propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez enviadas a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. La última conocida, además de una subida del diésel, los impuestos a residuos y plásticos, y una revisión de ayudas fiscales, es que el Ejecutivo calcula que en 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y que puede ser ampliable al resto de vías. El Ministerio de Transporte busca de esta forma ahorrarse el mantimiento de las infraestructuras.

El Gobierno quiere hacer bueno el principio de que "el que usa paga", que le gusta colocar al lado de "el que contamina paga", aunque no tiene nada que ver el uno con el otro, y prevé que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.

El Ejecutivo sabe que el cobrar por por circular por carreteras que han sido siempre gratis va a generar un cierto rechazo inicial de la población, por lo que estudia unas tarifas asumibles, escalables y progresivas. Contempla ya reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.

Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes e internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras.

La medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, aunque los particulares también se verán afectados, e introduce un sistema de ingresos que garantizaría fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal. El Gobierno dice que el texto será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.

Hasta el año 2024, cuando entre en vigor, se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida.

El mantenimiento sale caro al Gobierno


Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.

El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Apunta que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

Argumenta que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores.
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