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TRIBUNA

Los fondos europeos y la sociedad civil controlada por el Gobierno

sábado 03 de julio de 2021, 20:26h

Agotado el episodio de la tramitación gubernamental de los indultos, presentados éstos como un medio para obtener la finalidad de la normalización política, los ciudadanos españoles asistimos con perplejidad a un nuevo espectáculo de la timba a la que Pedro Sánchez da comienzo, una vez aprobada por la Comisión Europea la primera partida de los fondos que integran el Plan Europeo de Recuperación (‘Next Generation’), con motivo de la pandemia.

No es singular que instituciones regionales y empresas se apresten a sumarse a la convocatoria del sorteo de recursos. Con independencia, por supuesto, de que los efectos sufridos durante la sequía económica provocada por el Covid’19 hayan tenido una particular gravedad sobre ellas o que sus proyectos de futuro tengan relación con la pretendida oportunidad de crear un nuevo paradigma para España o la recuperación de nuestro tejido productivo. Afectados por l la pandemia o dispuestos a cambiar la estructura económica del país… es igual. Se trata de dinero fresco que llega, que se diría caerá simplemente de las ramas de los árboles y que, cuando se acerque el momento de devolver la cuantía que no es objeto de subvención, ya habrá compensado las arcas de los organismos públicos y engordado las cuentas de resultados de las empresas.

Esta reflexión como se enmarca en los debates puntuales que han venido produciéndose en las últimas semanas. Por ejemplo, el doble juego de la Generalitat -no lo calificaré de nuevo porque es tan viejo como lo es el nacionalismo- del victimismo y la arrogancia de unos, junto con la complacencia de otros, o las dos a la vez, en relación con las medidas de gracia. ¿Qué se pretende con esas actitudes? Por supuesto, beneficiarse de los indultos, pero también tender la mano para que los recursos muníficos de Bruselas no se queden en cualesquiera otras Comunidades Autónomas. No será suficiente, se pretende otra cosa, aseguran, pero se trata de un partido al que todos quieren jugar, y no conviene que el árbitro se lleve el balón a otro campo. Y queda la inevitable pregunta: ¿generarán la habitual dosis de corrupción para los predios catalanes -y otros- esos nuevos recursos? Los tribunales -los de Cuentas y los otros- deberán prestar su atención a estos extremos, sin perjuicio también de la en apariencia inevitable propensión del Gobierno Sánchez de disputarle terreno a la justicia.

Ocurre algo similar en el mundo de la empresa. En la medida en que el Gobierno no ha previsto un sistema independiente y transparente de distribución de los fondos, el procedimiento se parecerá una vez más -¿para cuándo su modificación?- al “capitalismo de amígueles” que ya ha desvirtuado de forma notable la economía de mercado prevista en nuestra Constitución. Habrá quien piense que, desaparecida con la pandemia la asistencia a los espectáculos deportivos, el papel distribuidor de prebendas y de arreglos bajo mano de jugosos contratos había desaparecido de los palcos de algunos estadios de fútbol. No hay nada nuevo bajo el sol, decía el poeta, ni platea reservada para Vip’s que vaya a desaparecer después de que la pandemia quede únicamente en el recuerdo..

Buena parte de eso mismo les pasa a las organizaciones empresariales y, por extensión, a los sindicatos: que les es muy difícil mantener posiciones de independencia respecto de los sucesivos gobiernos. Les va en su dependencia respecto de las primeras, el preservar algunas de sus posiciones económicas y la capacidad de influir en las políticas de las administraciones. Respecto de los sindicatos poco más se puede añadir, ya que dependen prácticamente en absoluto de los ingresos públicos. Valdría la pena conjeturar un futuro marco de relaciones laborales basado en la existencia de organizaciones plenamente autónomas y con un Estado que actúe con una estricta aceptación respecto de esa autonomía, lo mismo que un sistema de atribución de los contratos públicos que no reparta entre unos pocos, y siempre los mismos.

Lo cierto es que la realidad económica española es claramente dual: hay quienes apechugan con todas las crisis, pagan la mayoría de los impuestos y contratan a buena parte de los empleados, sin recibir apoyos ni ayudas: son los que “cardan la lana”, y se llaman pymes; y otros, que no dejarán de hacer bien su tarea, pero que de manera indefectible reciben casi todos los recursos: que son los que “se llevan la fama”.

Hay una sociedad civil española intervenida y colonizada por el Estado. Por lo mismo que una empresa privada que sufre del abrazo del oso a cambio de prebendas; existen unos poderes autonómicos dispuestos a jugar al victimismo con una mano y a poner la otra para hacer caja. Y hasta una Conferencia Episcopal que prefiere aceptar los criterios de los obispos catalanes que los del resto, quizás porque también el omnipresente poder público les mantenga atenazados por otras posibles actuaciones.

La verdadera revolución que necesita España tal vez no sea ni socialista ni conservadora; centralista, federa o confederal; de género o de transgénero… sino la de crear una verdadera sociedad civil independiente de los gobiernos que permanezca alerta a los abusos de éste. Una tarea que no corresponde a partidos ni a instituciones, que deberían autolimitar y no sobrepasarse en sus funciones, sino al conjunto de las gentes, porque la democracia no se defiende sólo con el voto.

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