El Gobierno, en tromba contra el TC por su resolución sobre el estado de alarma

Siempre es lo mismo. Todos dicen que respetan las decisiones de los jueces, pero cuando no son como les gustan, se acaban criticando, cuando no criticándolas abiertamente. Las reacciones a la resolución del Tribunal Constitucional al respecto de la inconstitucionalidad del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez han sido variadas y alguna muy significativa.

Como la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aseguraba de forma clara que le duele la resolución del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma de la pandemia, decisión que ha calificado de "elucubraciones doctrinales", y ha subrayado que el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer". Se ha atrevido la ministra, jueza de carrera, a decir a los jueces cómo hay que actuar: "Cuando uno está en el Constitucional, debe tener sentido de Estado".

Tras incidir en que prácticamente conoce a todos los miembros del TC, a los que respeta, al igual que la sentencia, ha querido recordar que en abril del año pasado, un mes después de decretarse el confinamiento, este mismo tribunal dictó un auto en el que reconocía que ese instrumento "era la única posibilidad de salvar vidas". Dice Robles que ese auto, del 30 de abril de 2020, "en ningún momento" cuestiona que pudiera ser inconstitucional: "El Gobierno se puede sentir muy orgulloso de haber salvado vidas; las elucubraciones doctrinales están muy bien pero no deberían plasmarse en sentencias", ha remarcado.

Olvidando que la resolución no dice que las medidas aplicadas no fueran las adecuadas, sino que la herramienta jurídica para aplicarlas no podía ser el estado de alarma y que se debió haber optado por el estado de excepción, que permite suspender derechos fundamentales, Robles ha recordado aquellos "días tan terribles" con las UCI llenas, gente muriéndose sola o las imágenes de la morgue de Ifema, y ha insistido en que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, que era el confinamiento. Preguntada si la sentencia puede tener un sesgo político, ha dicho que no se atreve a hacer valoraciones, pero sí ha insistido en que cuando ha pasado ya tanto tiempo, "sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, los respeto pero no los comparto".

Respeto a las instituciones

A este respecto, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido respeto a las instituciones constitucionales y al Tribunal Constitucional, "nos gusten o no las decisiones que tomen", después de todas las críticas realizadas por distintos miembros del Gobierno sobre la sentencia que declaró ilegal el primer confinamiento impuesto durante el estado de alarma. El también alcalde de Madrid ha apuntado que "cuando se degradan, y más si se hace desde el Gobierno, se degrada la democracia en España".

Concretamente, ha calificado de "ataque impune" la valoración realizada por la ministra Robles porque se están realizando declaraciones "y todavía no se ha leído nadie la sentencia": "Aquí hay unas reglas de juego que se deben respetar", concluía.

Belarra, igual que Robles

En la misma línea, otra ministra, la de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también ha dicho que respeta la decisión del alto tribunal de Justicia, pero no la comparte "para nada" y acusaba a los jueces de estar haciendo "oposición al Gobierno". Ha opinado por ello que España tiene "un problema muy serio con la Justicia".

Belarra ha tildado de "incomprensible" el fallo del Tribunal Constitucional y considera que "la gente de nuestro país no lo entiende".

Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, ha recordado que advirtió de que era "un estado de excepción encubierto" y el Gobierno buscaba tener plenos poderes, pese a apoyar la prórroga, como hizo Cs, cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha apoyado el fallo del TC porque aboga por una vía más garantista. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que no se optó por el estado de excepción porque "necesitaba autorización previa del Congreso" y "era cuestión de agilidad".

Ahora, tras la resolución del TC, el Tribunal Supremo tendrá que unificar la jurisprudencia para los confinamientos. La Junta de Castilla y León no ha adoptado este jueves nuevas medidas restrictivas para hacer frente a la expansión del coronavirus por "la inseguridad jurídica" que existe ahora mismo en España. Su vicepresidente, Francisco Igea, ha criticado que llevan 16 meses pidiendo una ley de pandemias y de salud pública para poder tener seguridad a la hora de tomar medidas, algo que no ocurre ahora como demuestra la sentencia del TC sobre el primer confinamiento o las distintas posturas de tribunales superiores de comunidades, en las que en unas se autoriza el toque de queda y en otras no.