Merecemos otra Justicia

Ha vuelto a pasar. En esta ocasión, ha sido el Consejo General del Poder judicial quien ha adoptado una decisión escandalosa. Pocas veces se habrá visto tal unanimidad a la hora de valorar una resolución de esta índole. Hasta tal punto que Zapatero y Rajoy han coincidido en su análisis; por otro lado, concordante con el de la mayor parte de la ciudadanía. Y es que el CGPJ ha decidido sancionar como “grave” la falta en que incurrió el juez que dejó escapar al asesino de la pequeña Mari Luz. Tal gravedad es medible económicamente: 1.502 euros. Eso y una reprimenda es el coste de dejar en la calle a un asesino pederasta.


Hay que decir que, en este supuesto, los miembros del CGPJ tenían base legal para proceder de otro modo, ya que, de haber calificado la falta como “muy grave”, la sanción hubiese sido incluso la expulsión de la carrera judicial de semejante juez. No lo han hecho. Es lícito, por tanto, que flote en el ambiente un cierto poso de corporativismo, habida cuenta de la protección entre colegas que tan patente ha quedado. Aunque, para ser justos, conviene decir que, si bien el juez es el responsable último de la cadena, hay otros eslabones igualmente importantes: por ejemplo, el secretario judicial, para el que el ministro Bermejo reclamó en su momento la misma sanción que ahora han impuesto al juez. Baste decir que, en un procedimiento penal, uno y otro tienen casi la misma trascendencia, siendo por tanto lógico que su cuota de responsabilidad sea pareja. Ha de haber, por tanto, más de un “cabeza de turco”.


Y en medio de todo, los titulares de Interior y Justicia, Rubalcaba y Bermejo, dan a conocer su plan de endurecer el Código Penal, sobre todo en delitos sexuales y de terrorismo. No podían haber elegido peor momento. Es el problema de legislar en caliente, poniendo en práctica esa suerte de improvisación jurídica que los profesionales denominan “derecho penal reactivo”. Se espera a que se produzca el hecho delictivo para obrar en consecuencia. ¿Y porqué no antes? Un ordenamiento jurídico que prevé duras sanciones ante la comisión de determinados delitos posee de suyo un elemento disuasorio altamente beneficioso. Ocurre que la doctrina jurídica supuestamente progresista –pero contraria al sentir mayoritario de la opinión pública- estima que el período de reclusión debe ser lo más corto y cómodo posible, con una panoplia de beneficios penitenciarios que reduzcan la condena y la hagan más llevadera. Cada vez que el PP ha solicitado algún endurecimiento de penas –pederastas, terroristas- se ha topado siempre con la negativa del PSOE. ¿Y ahora? Más efectismo, más oportunismo. Sobre el dolor de una familia. Familia que, como toda España, reclama justicia, pero de verdad. Falta hace.