comparece ante el congreso
El Defensor del Pueblo alerta la indefensión de los niños frente a la TV
martes 16 de septiembre de 2008, 10:48h
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dicho que la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés "no es justa".
Múgica, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de comparecer en el Congreso, ha declarado que este juez ha actuado de manera "absolutamente fuera de propósito, fuera de la legitimidad y fuera de la necesidad de que la justicia sea efectiva, rápida y eficaz".
El defensor del Pueblo ha subrayado que le parece "muy bien" que la Fiscalía haya presentado un recurso contra la multa por "mínima", cuando el hecho y la falta son, a su juicio, "muy graves".
Comparecencia en el Congreso
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha alertado de la "escasa eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento para la protección de jóvenes y niños ante la difusión de contenidos inconvenientes en los medios de comunicación", especialmente "en franjas de horario que deberían estar adecuadamente vigiladas".
Enrique Múgica realizó estas declaraciones en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia en la Comisión Mixta en la que presentó el informe correspondiente al ejercicio 2007 de la institución que representa.
Así, Múgica mostró su "reiterada preocupación" porque "los contenidos de programación y los espacios publicitarios" que se emiten en televisión "siguen estando lejos de los objetivos de protección planteados, como evidencia la gran cantidad de denuncias dirigidas al Comité de Autorregulación".
"Aunque el Informe de 2007 señala algunos progresos, como la creación de consejos de lo audiovisual y la aprobación de códigos de autorregulación, es necesario volver a insistir en que tales medidas no ofrecen los resultados prácticos que cabía esperar", sentenció.
Ante esta situación y pese a la "frustrada tramitación del anteproyecto de Ley General Audiovisual", el Defensor del Pueblo "confía ahora en que los poderes públicos, en consonancia con las novedades que se vayan produciendo en el contexto europeo, impulsen de nuevo la ordenación de esta materia, tan importante para la educación y la formación de los menores en España".