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Y DIGO YO

Plusvalía: el Gobierno insiste en cobrar un impuesto inconstitucional

Javier Cámara
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javiercamaraelimparciales/12/12/24
miércoles 10 de noviembre de 2021, 18:44h
El afán de Pedro Sánchez por meter la mano en el bolsillo del contribuyente es infinito. ¡Todo por un impuesto! Aunque sea ilegal. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional que tiene algo más de credibilidad que uno que escribe y se queja del ansia recaudatorio sin fin de este Ejecutivo y el de otros tantos. El tributo de las plusvalías es el último y deplorable ejemplo. Pero, ¡qué esperan de un presidente de Gobierno al que le dicen que su estado de alarma fue inconstitucional y él presume de que volvería a hacerlo!

Lo que queda claro es que cuando se trata de exprimir al ciudadano la eficiencia del Ejecutivo es inaudita y la premura para evitar que no pase mucho tiempo sin poner las zarpas en el dinero del contribuyente, pasmosa. Y da igual que te dejen elegir de qué forma, entre las dos propuestas, quieres que te calculen la tasa, el restablecimiento del impuesto de plusvalía busca que paguemos y pagaremos. Lo tendremos que hacer, por mucho que nos empeñemos, porque los Ayuntamientos se mantienen casi en su totalidad con lo que pagan los vecinos por sus casas. Para ellos es una cuestión de vida o muerte.

De esta forma, pagaremos el IBI, todos los años, solo por vivir en una casa sobre la que ya has pagado impuestos; pagaremos el de plusvalías, por el beneficio que obtiene el propietario cuando vende su casa, aunque no saque beneficio o el poco que haya se lo lleve el propio impuesto de plusvalías; pero también pagaremos el impuesto de obras y construcción. Si la única forma de supervivencia de un Ayuntamiento es por la vía de los impuestos que pagamos por vivir en nuestra casa, la guerra está perdida, ya se inventarán algo. No van a dejar escapar ninguna de las fórmulas de entrada de capital privado para la gestión de lo público.

Y si ya duele que se declare ilegal un impuesto que se han estado cobrando las administraciones locales, es más hiriente aún que no haya posibilidad legal de reclamar como perjudicado lo que se han incautado de forma indebida porque así lo dicta (que suena a dictatorial) el decreto-ley, es decir, la nueva herramienta elaborada ad hoc para preservar los intereses recaudatorios de la Administración. Nuevamente dicen los expertos, no lo digo yo, que es "inadmisible" que el Constitucional impida la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagada. Recalcan que se "hurta al contribuyente su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa para subsanar errores".

Y digo yo: ¿Quién resarce los efectos lesivos sobre los intereses económicos de los perjudicados mientras el Tribunal Constitucional preparaba una respuesta al recurso presentado contra este impuesto de plusvalías? ¿Por qué no se puede reclamar la devolución de un impuesto que se ha declarado ilegal?

Por aportar un dato, solo en los últimos cuatro años se han recaudado más de 10.000 millones de euros con este impuesto inconstitucional. Por eso, algo realmente doloroso es que ningún partido haya puesto una verdadera traba a la medida. ¿Dónde están los partidos que se llaman liberales?

Después de años esperando una resolución judicial sobre este impuesto, recordemos, declarado nulo por el Tribunal Constitucional, se han tardado tan solo 13 días para hacer un parche que devuelva a las corporaciones locales su capacidad plena para confiscar de nuevo. Pero ante la alta probabilidad de que se vuelva a declarar ilegal esta nueva forma de cobrar el impuesto de plusvalías, también por inconstitucional, cabe preguntarse cuánto se tardará en volver a tener una sentencia.

Tampoco lo digo yo, lo dicen los Técnicos de Hacienda (Gestha) y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin): la modificación del impuesto de plusvalía municipal mediante un decreto-ley es de dudosa inconstitucionalidad. Los usuarios financieros eran así de claros al explicarlo: "La jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo".

La urgencia y celeridad se debe a la “necesidad” de ingresos de los Ayuntamientos. Poco importa, por lo que se ve, la “necesidad” de los ciudadanos y contribuyentes de no pagar un dinero que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay que pagar. Es decir, aquí el ciudadano, que es sin embargo el “paganini” de todo, no importa nada a nadie.

El Gobierno insiste en cobrar un impuesto ilegal. Y luego se quejan de la desafección política.

Javier Cámara

Periodista

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