El Gobierno, dispuesto a liquidar la transición democrática

En su peor momento político desde que es presidente del Gobierno, con un PSOE que se desploma en todas las encuestas, la dependencia absoluta de sus socios de Gobierno para mantener el poder, Pedro Sánchez ha vuelto a ceder ante Podemos y ERC y ha anunciado su propósito de juzgar a las víctimas del franquismo, una triquiñuela para sortear la Ley de Amnistía, a pesar de que en su día tanto en Tribunal Supremo como el Constitucional sentenciaron que era ilegal.

La Ley de Amnistía de 1.977, impulsada precisamente por socialistas y comunistas, supuso el aldabonazo para la reconciliación entre los españoles, para impedir el ajuste de cuentas y para poner en marcha la democracia. En un emotivo discurso en el Congreso de los Diputados, el comunista y gran líder de CCOO, Marcelino Camacho dijo que la amnistía era esencial “para que nos reconciliáramos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, para cerrar el pasado de guerras y cruzadas.”

Pero con su irrupción en el tablero político, Podemos comenzó a presionar para liquidar “el régimen del 78” a través de la denominada ley de memoria histórica que, ahora, ha desembocado en la puesta en marcha de una suerte de derogación de la Ley de Amnistía. Ante la ilegalidad de la propuesta, Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso una enmienda que busca complacer a sus socios aduciendo que hay que juzgar “los crímenes de lesa Humanidad”, una añagaza para hurgar en un pasado que debería estar ya olvidado, para reescribir la Historia desde el bando de los perdedores de la guerra civil.

La transición española de la dictadura de Franco a una democracia plena ha sido un ejemplo en todo el mundo y ha logrado los años de mayor libertad, paz y prosperidad de nuestra Historia. Pero la izquierda más sectaria y rencorosa ocupa un buen número de escaños en el Parlamento y cree que ha llegado el momento de “ajustar cuentas” con el pasado. Porque la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez les pone en bandeja esta operación revanchista y que, sin duda, provocará un nuevo enfrentamiento en la sociedad española. Y pone en evidencia, además, la mentira del presidente del Gobierno cuando propaga su afán por lograr la unidad de todos los españoles, de todos los partidos políticos para unir sus fuerzas en plena crisis sanitaria, social y económica.

Y mientras Sánchez y sus socios excavan cunetas en busca de los muertos de hace 80 años, acercan a las cárceles vascas a los criminales etarras, como paso previo a su liberación, pero olvidan investigar a los responsables de más de 300 inocentes asesinados por la banda terrorista que todavía están sin resolver. Y no conviene olvidar que ETA supuso el mayor peligro de la democracia española.

El ansia de poder de Pedro Sánchez unida a su debilidad parlamentaria es, de nuevo, el gran problema de España. Exhumarán a Primo de Rivera del Valle de los Caídos, anularán las sentencias de los tribunales franquistas y desempolvarán antiguos legajos de la guerra civil. Pero en su memoria histórica, olvidarán revisar los sangrientos crímenes de “lesa Humanidad” cometidos por el bando republicano. Olvidarán las palabras de Marcelino Camacho cuando pidió cerrar las heridas y superar que “los españoles se habían estado matando los unos a los otros.” Porque a Sánchez y a sus siniestros socios, solo les importan “los unos”, no “los otros”.