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INADMISIBLE EL DESPLANTE DEL PRESIDENTE ARAGONÉS

jueves 25 de noviembre de 2021, 13:17h
El desplante al Tribunal Supremo del presidente de la Generalidad, Pedro Aragonés, es, para los...

El desplante al Tribunal Supremo del presidente de la Generalidad, Pedro Aragonés, es, para los que defienden la democracia pluralista plena en el Estado de Derecho, totalmente inadmisible. No hay veladuras ni escapatorias. Las sentencias de la Justicia hay que acatarlas. En este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo han acordado que, conforme a la Constitución, el idioma castellano debe contar al menos con el 25% en las escuelas catalanas. No se trata de una imposición arbitraria, entre otras razones porque todos los habitantes de Cataluña hablan castellano y porque este idioma es el segundo del mundo. 580 millones de personas se expresan en español desde la cuna y una veintena de naciones de reconocida cultura lo tienen en sus Constituciones como lengua oficial.

El presidente Pedro Aragonés sabe que Pedro Sánchez necesita, para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y para permanecer sentado en su poltrona monclovita, los escaños del secesionismo catalán. Por eso abusa y se atreve a la incongruencia audaz de negarse a cumplir, en público desacato, una sentencia del Tribunal Supremo que respalda a la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sabe que tiene cogido a Pedro Sánchez por el forro de su ambición. Claro que ambos se van a encontrar con una denuncia de fondo ante la opinión pública, lo que fragilizará aún más la débil situación en que se encuentra el líder socialista. Tras proclamarse treinta veces socialdemócrata en el Congreso del partido para contentar a la Unión Europea, la realidad es que puso en marcha la caravana de las concesiones económicas e ideológicas que le permiten mantenerse en el equilibrio inestable del poder monclovita.

Hace bien Pablo Casado, hacen bien los líderes de varios partidos, al poner a Pedro Sánchez ante la realidad de su deber democrático a obligar a que las sentencias judiciales se cumplan. Pero no lo hará. Al menos a corto plazo. Al menos mientras necesite los escaños que le mantienen en el poder. Sorteará con sofismas sus obligaciones constitucionales y los secesionistas catalanas continuarán su inexorable camino de desgarrar la unidad de España.