La Justicia ordena proteger al niño de Canet de Mar y el Gobierno dice que "ha hablado con la Generalidad".
El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, dijo este viernes en Santiago de Chile que "los socios del Gobierno de España están haciendo un 'apartheid' lingüístico en Cataluña", a raíz del hostigamiento hacia una familia que pidió para su hijo más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona).
"Hoy en España estamos sufriendo un caso terrible de segregación lingüística a un niño de 5 años. Yo tengo una hija de 9 años y un hijo de 7 años y no puedo entender cómo el Gobierno de Cataluña está señalando y persiguiendo a un niño de 5 años porque su familia quiera que se le enseñe en español", dijo Casado a la prensa tras reunirse con el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
El líder del PP pidió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que proteja a esta familia y a este niño y que dé todas las herramientas legales a las fuerzas se seguridad del Estado para acabar con los violentos que están ensañándose con un pobre niño de 5 años".
"¿Hasta dónde ha llegado el veneno nacionalista en España? ¿Hasta dónde puede llegar el silencio cómplice del Gobierno con los independentistas que están atacando a un niño por hablar español, que es el idioma de España? Yo pido que se actúe con firmeza y ahora mismo", expresó.
La familia de Canet de Mar exigió por vía judicial que en la clase escolar de su hijo se impartieran un 25 % de clases en castellano, lo que le fue reconocido por un juez y desencadenó varias denuncias por hostigamiento hacia la familia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó este viernes a la Generalidad garantizar la "protección" y la "intimidad" del alumno mientras que la Fiscalía de Barcelona decidió investigar si los mensajes vertidos en redes sociales contra la familia pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación.
Por su parte, el Gobierno ha expresado su rechazo y condena a "cualquier acoso que se haya podido producir", mientras afirma que "las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad".
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el consejero Josep Gonzàlez-Cambray, a quien le ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.
Desde el PP, Casado remarcó que si la Generalidad de Cataluña no cumple la sentencia, le ofrece a Pedro Sánchez los senadores del Partido Popular "para aplicar la Constitución y ejercer las competencias educativas". "Lo que está pasando es absolutamente intolerable y de una extrema gravedad", aseveró.
Manifestación contra el castellano en las aulas
Unas 350 personas, según la policía local, se han manifestado este viernes en Canet de Mar (Barcelona) para protestar en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC.
La marcha, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y a la que se han adherido otros sindicatos y entidades como la Intersindical, Arran o La Forja, cambió su lugar de convocatoria, originalmente prevista en el colegio, ante la petición del propio centro de que la manifestación no fuese delante del centro.
En la protesta ha participado la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC), quien ha denunciado que tanto el colegio Turó del Drac como el ayuntamiento han recibido amenazas telefónicas anónimas. Arbell ha señalado que no ha habido amenazas contra la familia que pidió el castellano en las clases de su hijo y que sólo les constan dos tuits "de personas que no son de Canet".
"Es una manipulación" para engrandecer "una situación que no existe", ha dicho la alcaldesa, que ha informado de que grabarán las llamadas telefónicas para abrir una investigación sobre las amenazas que reciben tras la sentencia del TSJC.
Durante la concentración, estudiantes, padres y madres y alumnos han clamado consigas a favor de la inmersión lingüística y han instado a la Generalidad a "no dejar sola" a la dirección del centro, donde el TSJC ha obligado a que se impartan el 25 % de las clases en español en el grupo en el que cursa el menor demandante.
"Es un ataque directo a nuestra lengua. No es más que una estrategia por parte del Estado español para acabar con el catalán, que corre peligro", ha señalado en declaraciones a la prensa la portavoz del SEPC, Marta Daviu, quien ha subrayado que "la emergencia lingüística es una realidad".
"Exigimos a la Generalidad y al Departamento de Educación que blinden el catalán", ha insistido durante la manifestación, a la que han acudido representantes políticos independentistas.