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CONFLICTO LINGÜÍSTICO

El Gobierno pide a la Generalidad que proteja al menor de Canet y el TSJC se lo ordena

El Gobierno pide a la Generalidad que proteja al menor de Canet y el TSJC se lo ordena
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(Foto: EFE/Alejandro García)
EL IMPARCIAL
viernes 10 de diciembre de 2021, 18:11h
Después de que el consejero de educación catalán defendiera a las familias que acosan al menor que pidió un 25% de las clases en castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Gobierno de España se han dirigido a la Generalidad catalana para intentar garantizar la protección del menor y la familia que ha pedido más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona) después de que un juez reconociera a la familia el derecho a un 25% de enseñanza en español.

Así, el TSJC ha adoptado una provisión en la que se ordena al consejero de Educación de la Generalidad y a la dirección del centro El Turo del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que adopten “las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad” del menor cuya familia está sufriendo una campaña de acoso. El menor y su familia habían pedido un mayor porcentaje de castellano en la escuela, lo que ha desatado una campaña de las familias para aislarle y señalarle que este jueves fue secundada por el consejero de Educación, Josep González Cambray. La providencia llega después del escrito remitido al TSJC por la familia.

La sentencia que establece un 25 % de clases en castellano en una escuela de Cataluña ha derivado en denuncias por hostigamiento hacia la familia que logró este fallo, unas acciones que el Gobierno investigará tal y como ha reclamado este jueves la oposición. La cuota de clases en castellano fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe aplicarse desde este jueves en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) a la que asiste el hijo de los denunciantes y donde otras familias son contrarias a la sentencia, hasta el punto de que se habrían producido amenazas que han motivado ya dos denuncias ante la Fiscalía.

La asociación Hablamos Español presentó una denuncia contra los autores de diversos mensajes de Twitter y este jueves se ha unido la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ve delito de odio en acciones como las recogidas de firmas a las puertas de colegios, cartelería o en insultos de "colonos" o amenazas de apedrear a la familia o aislar a su hijo, como ha denunciado la presidenta de esta Asociación, Ana Losada.

En este contexto, González Cambray ha acudido este jueves a la escuela de Canet, donde se ha reunido con la dirección, sobre la que recae el cumplimiento de la sentencia, y ha respaldado a las familias que defienden el actual modelo educativo catalán.

El Gobierno llama al consejero

La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien le ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

El Gobierno ha expresado así su rechazo y condena a "cualquier acoso que se haya podido producir", ha afirmado que "las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad" y ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".

El PP, además, ha ofrecido de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña por este caso, mientras el presidente de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha adelantado que se querellará contra el conseller de Educación si "persiste" en no cumplir la sentencia que estipula un 25 % de castellano en las escuelas. "Dar autonomía" a los centros educativos es lo que ha defendido la portavoz del grupo PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, para que, "en función del entorno sociolingüístico, decidan" cómo aplicar "de la mejor manera posible" y con "criterios pedagógicos" la sentencia del 25 %.

Las familias niegan el acoso

Entre tanto, las familias de la escuela implicada contrarias a que el centro imparta una cuarta parte de las materias en castellano han hecho público un comunicado en el que han negado "cualquier tipo de acoso" y han asegurado: "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante". En el comunicado, los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos -subrayan-" y afirman estar "por encima de toda polémica política".

También han expresado su postura los sindicatos USTEC, Intersindical CSC y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que han pedido, junto a la entidad Plataforma per la Llengua, que la Generalitat asuma responsabilidades en favor del futuro de la lengua catalana en la educación

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