Semana clave para el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras el escándalo del presunto espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus, ERC amenaza con torpedear la aprobación del decreto anticrisis que se votará en el Congreso este jueves.
Esquerra no se contenta con la disposición del Ejecutivo a falicitar la entrada de Bildu y la formación separatista catalana en la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abrió este lunes la puerta a modificar las mayorías necesarias para constituirse la Comisión del Congreso sobre información clasificada, con el fin de que la actual mayoría de tres quintos no impida su constitución. Y así ha sido. Este mismo martes, la Mesa del Congreso valorará la propuesta de reducir los dos tercios de apoyo que se necesitan para incluir un grupo en la comisión a una mayoría absoluta.
Si bien, ERC no se contenta. En rueda de prensa en el Congreso este martes, el portavoz de la formación independentista en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto nombre y apellidos a la exigencia de su formación para seguir apoyando al Ejecutivo: la ministra de Defensa, Margarita Robles, en caso de que tuviera conocimiento del espionaje. "Si se espía, no solo deben dimitir sino también acabar en la cárcel. Si lo sabía debe dimitir y si no lo sabía dar explicaciones. No se debe dejar pasar un minuto más y cada silencio afecta a la democracia de este país", ha advertido en el Congreso tras negarse a desvelar el sentido del voto de su formación.
"No adelantamos el sentido del voto, pero sí le digo, que el único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa, tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para ERC? si, lo es, pero es el único idioma que entiende el PSOE", ha dicho Rufián tras incidir posteriormente que "es más lesivo en democracia espiar a la gente que no te gusta".
Rufián ha añadido que si al PSOE no le gusta ERC, EH Bildu, el BNG, Compromís, Más País, o Unidas Podemos, "no pasa nada, que lo diga, porque tiene tiene una alternativa, que es el Partido Popular del moderadísimo Núñez Feijóo".
Varios ministros del Ejecutivo, del ala socialista y de Podemos, han coincidido este lunes en que el caso Pegasus debe aclararse e investigarse y que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendría que despejar dudas sobre su labor en sede parlamentaria.
No obstante, el caso ha despertado, una vez más, ampollas en el seno de la coalición. Robles defiende la actuacióin del CNI asegurando que actúa "con el más absoluto respeto a la legalidad vigente" mientras la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, recalca que debe haber una "asunción de responsabilidades".
Los partidos independentistas afectados por estas escuchas, y sobre todo ERC, ven insuficiente las propuestas de Bolaños a la consejera de Presidencia de la Generalidad y dirigente de ERC, Laura Vilagrà, para abrir un "control interno" del CNI y "desclasificar" documentos. "La legislatura española pende de un hilo", volvió a advertir Vilagrà este lunes.
Con todo, Sánchez confía en que los grupos parlamentarios den un "ejemplo de unidad" apoyando la convalidación del real decreto de medidas para hacer frente las consecuencias de la guerra en Ucrania, posición que ha sido respaldada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apoya a Sánchez al señalar que está haciendo un "trabajo serio" ante la "máxima gravedad" del supuesto espionaje.
Desde el PP, condicionan el sentido de su voto a que Moncloa se siente a negociar su plan económico antes del jueves. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha reprochado en rueda de prensa que el Ejecutivo saque tiempo para reunirse con ERC por el espionaje político y responda con "silencio "o incluso desprecio" ante el plan económico que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, remitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes.
Desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández ha pedido al Gobierno que sea "muy firme" ante este caso, mientras que el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, también exige responsabilidades para saber si hay un "Estado profundo" que "trabaja en contra de la democracia y la pluralidad política".
El PNV, el otro socio prioritario, también sigue preocupado: "El PSOE tiene que responder qué piensa hacer... Hay que limpiar toda sombra de sospecha de una amenaza hacia el sistema democrático", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario, Aitor Esteban, si bien ha aclarado que su partido no va a "mezclar las cosas con asuntos que pueden ser trascendentales para la ciudadanía", como es el decreto anticrisis.
Más críticos se muestran en Bildu, donde creen que este supuesto espionaje "no favorece nada las relaciones". "Es complicado tener relaciones ordinarias con alguien que te espía", ha advertido el portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz.
Batet anuncia cambios del reglamento y Bildu podría colarse en la comisión de secretos de Estado
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha argumentado que el cambio en las mayorías para constituir la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales debe producirse para garantizar la pluralidad y la representación política del Congreso, ya que los vetos que ha constatado han impedido su creación en esta legislatura. De este modo, el Gobierno abre la puerta a la entrada de Bildu y ERC a esta comisión, algo que desde el PP consideran intolerable.
En rueda de prensa en el Congreso, Batet ha señalado que ha propuesto a la Mesa de la Cámara Baja modificar la resolución de 2004 para rebajar la mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta en la creación de esta comisión parlamentaria, cuya intención es que se constituya esta misma semana en el pleno del Congreso.