Pegasus, otra excusa para esquilmar al Gobierno

¿Hasta dónde llegaría usted si su trabajo consistiera en facilitar al Gobierno toda la información y análisis que permita prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho? Efectivamente, usted como yo, haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano, utilizando todos los medios al alcance, el sistema Pegasus incluido, lógicamente, pero siempre cumpliendo la ley.

Conocedores todos de que el CNI rige todas sus actuaciones y actividades bajo el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico, y a pesar de algunas informaciones, desconozco si se espió a líderes independentistas, que creo que no hace falta recordar que son políticos y activistas que, por definición, amenazan la integridad territorial de España y su estabilidad, sin el consentimiento de un juez.

Lo que parece claro, e imagino que una mayoría lo ve así, es que no se deberían hacer públicas todas las operaciones que los servicios de inteligencia de un país tienen abiertas. Aunque solo sea por eso de no dar ventaja a los que desafían nuestra seguridad, entiendo que todo está bajo supervisión de un juez del que me fío.

Podemos preguntarnos si son aceptables determinados abusos a nuestra intimidad en aras de una hipotética seguridad del Estado. No me importa que me graben andando por la calle, entrando en una tienda o circulando en coche por una carretera. Otra cosa es que me escuchen cuando hablo a través del móvil con un compañero de trabajo o con un amigo del fútbol o con mi pareja sobre los planes para cualquier noche. Entendiendo que yo, periodista que no maneja informaciones confidenciales, y no soy un objetivo de interés, a diferencia de un político que ha intentado hacer una declaración unilateral de independencia de un parte del país, espero que haya un equilibrio, una justa medida, en el desarrollo de las actividades del CNI.

Y digo yo: ¿Debe asumir alguien responsabilidades en el Gobierno con lo que se sabe a día de hoy? ¿Está justificado el enfado de los líderes independentistas? ¿De verdad no se imaginaban que podían ser investigados por los servicios de inteligencia de España aquéllos que quieren romper España? ¿Y la respuesta del Gobierno? ¿Cuánto está dispuesto a ceder Pedro Sánchez a los separatistas para no perder su apoyo en el Parlamento? Es decir, ¿habría sido igual el interés del Ejecutivo en calmar los ánimos de formaciones independentistas sin los espiados hubieran sido los líderes del PP, de Cs o de Vox?

El problema, una vez más, es que el Gobierno más débil de la Historia de España, cogido por los pelos por las formaciones que menos desean el bien de España, necesita el apoyo de éstos. No podemos olvidar que hay convalidaciones de decretos para las que son necesarias una mayoría parlamentaria y las cuentas vuelven a estar muy justas.

Por eso, a estas alturas de la película, bien inmersos en el tercer año de legislatura, el ministro Bolaños ofrece a los independentistas que el Congreso se va a poner ya, a conformar la Comisión de Secretos Oficiales y Gastos Reservados, que, aunque no lo crean (o sí) todavía no se ha constituido. Es cosa mía, pero quizá la poca confianza y certidumbre en los socios del Gobierno puede tener mucho que ver en que aún no estuviera formada esta comisión. La idea del Gobierno, quitándose toda responsabilidad y, como siempre, en un intento de responsabilizar de todo a otros, es que el CNI dé explicaciones en esta sede.

Tanta es la prisa que este mismo martes la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha propuesto en la Mesa una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la denominada Comisión de Secretos Oficiales. Apelando al pluralismo político, y por imposición gubernamental, abre la puerta a que formaciones independentistas como ERC, Junts y Bildu controlen al CNI y todo lo que se pueda considerar materia clasificada.

Pero nada de esto sirve para los que quieren hacerse notar y desde Podemos se ha venido pidiendo que “rueden cabezas” y el presidente de la Generalitat rompe la mesa de diálogo hasta que no haya dimisiones. Se apunta directamente, por utilizar el símil, a la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Curiosamente, no piden la cabeza de Pedro Sánchez. Cambiar de Gobierno no sale a cuenta, como ya se sabe, y Pegasus es un cromo más con el que intercambiar favores, otra excusa para seguir esquilmando las arcas públicas.

Lo que parece evidente es que primero habrá que saber si estas escuchas son legales o ilegales y, segundo, qué sacan de provecho los independentistas con este “escándalo”. Un capítulo más en la vergonzosa relación entre el Ejecutivo y los socios que le permiten estar a Sánchez en el poder.

Solo espero que en este nuevo intercambio, el Gobierno no deje vendidos a los que se encargan de velar por nuestra seguridad por el puro interés político de baja estofa de Moncloa.

¡Ah!, y es de suponer que también se investiga a los líderes del resto de formaciones, pero tampoco nos lo van a decir.