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TRIBUNALES

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a dos exconcejales de Carmena por el caso Open de Tenis

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato en una imagen de archivo
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Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato en una imagen de archivo (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL
miércoles 18 de mayo de 2022, 10:35h

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los exconcejales del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, así como a la que fuera consejera delegada de la sociedad mercantil municipal Madrid Destino, Ana Varela, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de los que se les acusaba en el marco del denominado ‘caso Open de Tenis de Madrid’.

Además, el tribunal impone las costas del juicio ocasionadas a las defensas de las tres personas procesadas a la acusación ejercitada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid.

Según los hechos probados, a Varela "le surgieron fundadas y razonables dudas sobre la regularidad y legalidad de los compromisos y obligaciones asumidas por dicha sociedad municipal derivadas de previos convenios y acuerdos suscritos en orden a la organización y celebración del torneo de tenis ‘Mutua Madrid Open’”. Dado que el consistorio debía afrontar importantes desembolsos económicos derivados de los acuerdos, Varela decidió solicitar diversos informes jurídicos externos. Por su parte, Carlos Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino y luego como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, también interesó informes sobre algunos de los convenios suscritos por la anterior corporación municipal en el marco del Open de Tenis.

El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular contra los tres responsables del Ayuntamiento dirigido en ese momento por Manuela Carmena. No obstante, de la acción penal de la oposición en el Consistorio, la Sala precisa en la extensa sentencia de 111 páginas que “queda objetivado que la acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora, y ello tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, que sin duda fueron conocidos por la parte acusadora, que son bien elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores, y de la entidad de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales tal y como se alertaba en dichos informes jurídicos”.

Los magistrados de la Audiencia Provincial concluyen que “no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales”.

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