Percepciones divergentes

Cuando se gobierna una comunidad pequeña, los gobernados no sólo esperan que su líder actúe en pro del bien común, del interés general de la comunidad, sino que también se preocupe de los problemas cotidianos -domésticos- de cada uno de los gobernados. El líder, pues, se debe comprometer con una política general, pero también con pequeñas políticas casi individuales. En ese gobierno de lo cotidiano, el líder intentará tomar decisiones que mejoren la vida de uno o varios de sus conciudadanos, sin afectar las políticas de interés general, incluso pudiendo beneficiar en un futuro esas políticas “minoritarias” al conjunto de los gobernados. En el peor de los casos, tratará que sus decisiones domésticas en pos de beneficios e intereses legítimos, justos, pero individuales, resulten neutras o no perjudiciales a los intereses de la mayoría. El problema surgirá cuando el líder adopte una decisión que -aún siendo justa- beneficie a un solo individuo o a un conjunto pequeño de gobernados, y ésta acabe afectando negativamente al conjunto de los gobernados, o creando derechos particulares para algunos en perjuicio de otros muchos. Ahí se produce una brecha, a veces insalvable, entre las decisiones del líder y la opinión e intereses -también justos y legítimos- del conjunto de los gobernados.

En las democracias de masas, donde las comunidades pequeñas han sido sustituidas por Estados, a veces incluso por entidades de carácter supranacional, el líder se guía no sólo por el conocimiento que tiene de la realidad para tomar y ejecutar sus decisiones, sino también por una percepción del pensamiento de la mayoría, expresada mediante las encuestas, o en el día a día por los medios de comunicación que parecen hoy exponentes del invento denominado “mayoría social”. Si el líder toma decisiones que esa mayoría considera desacertadas, pagará caro sus consecuencias en el ágora moderna: las elecciones.

Entonces, un líder, sea en una pequeña comunidad o en una democracia de masas, se encuentra con la espada de Damocles entre lo que él piensa que puede ser una política justa, aunque sólo beneficie a un pequeño colectivo, e incluso perjudique el interés de grupos más numerosos, y esa opinión vaga, difusa e inconcreta denominada mayoría social. Para algunos de los que estén leyendo esta columna, la resolución al problema es clara: en una democracia se ha de gobernar y tomar decisiones a favor de la mayoría; para otros lectores, el factor de relevancia de la decisión -añadí una decisión justa- es más importante para avalar la misma, aunque ésta no sea compartida por la mayoría, que el carácter de beneficio numérico de la medida. En cualquier caso, el líder deberá asumir, ante las urnas, el costo de esa decisión.

Pero en las democracias de masas hay aún otro escenario posible, en el que ya no intervienen sólo el líder y los gobernados, sino que de manera más importante, quizá por el carácter complejo de ciertas medidas, se alza la voz de los medios, los analistas, la intelectualidad, los grupos de presión, etcétera. Es el escenario donde el líder toma una decisión para beneficio de una minoría, pero ampara la misma en pos del bien del interés general. Una decisión que a priori se beneficia del aval de la “mayoría social” -representada por los medios- y que aún afectando intereses legítimos de la “mayoría natural” de los ciudadanos, se percibe por éstos como una política sin costes indirectos para la gran mayoría de ellos. ¿Qué ha cambiado de un escenario a otro? ¿Qué hace que una decisión a favor de una minoría sea criticada o no por la mayoría, cuando ésta es una decisión, que justa o no, beneficia sólo a unos pocos? ¿Qué hace que una inversión de 700 mil millones de dólares del tesoro público, que significan 2000 dólares per cápita menos en educación pública, sanidad pública, infraestructuras públicas, etcétera, acabe siendo vista como beneficiosa para la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué hace que una inversión en suelo privado, aún con el espejismo de redituar en vivienda social, sea bien vista por la mayoría de los ciudadanos, los mismos que verán disminuidas sus expectativas de mejora de la educación y la sanidad pública por una merma de los recursos que ellos depositaron en la Hacienda Pública?

Quizá la solución no se encuentre en el carácter de las decisiones y el número de los afectados por las mismas, sino en las percepciones tan divergentes sobre qué constituye una mayoría y una minoría en una democracia de masas. Así, decisiones en pos de intereses particulares y concretos, se acaban convirtiendo por arte de magia -impresa- en opciones viables para la “mayoría” (cada vez más silenciosa), mientras que políticas que podrían afectar no sólo al bien común, sino a la mejora de vida de cada ciudadano se posterguen en aras, paradójicamente, de la “mayoría social”.