La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado este martes en Consejo de Ministros rompe la igualdad y el marco común básico entre comunidades autónomas, e incrementa la precariedad laboral porque dificulta la consolidación de plazas, la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.
Según Moncloa, dicha reforma, que deroga la aprobada hace dos décadas por José María Aznar, busca remediar la infrafinanciación que arrastra la Universidad desde la crisis del 2008 y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus plantillas. En su preámbulo, el proyecto recalca que su intención no es "imponer soluciones ni trazar caminos concretos", una de las ideas reiteradas por el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su redacción y consecuencia de lo cual el texto resultante es mucho menos detallado que el presentado por su antecesor, Manuel Castells.
Sin embargo, la organización presidida por Miguel Borra subraya que las comunidades autónomas y universidades, a través de sus propios estatutos, decidirán en temas tan importantes como el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral y funcionamiento de los órganos colegiados, por lo que se podría romper la equidad entre universidades públicas.
También denuncia que el texto complica el desarrollo de una carrera académica clara, ágil y predecible, porque se tardarán muchos años antes de conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido; se tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios al fomentar la laboralización de las plantillas, y tampoco se mejoran las retribuciones al Personal Docente Investigador (PDI).
Aunque valora positivamente algunas de las medidas del anteproyecto que se han conocido a través de los medios, CSIF subraya que el texto limita el alcance de los cambios que Europa requería y se convierte, por tanto, en una ley de mínimos. En este sentido, también exige una financiación más ambiciosa, cercana al 1,5% del PIB, y acorde a la media de la UE.
Por último, el sindicato también acusa al Ejecutivo de haber aprobado dicho texto sin negociación, sin información y sin transparencia, aunque expresa su confianza en que todas estas carencias se solucionen durante la tramitación parlamentaria de la futura ley.
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