Las negociaciones empezaron el pasado 18 de septiembre: Gobierno y la oposición autonomista esperan poner fin a la ola de conflictos vividos en el país y restablecer el orden dentro del país. Sin embargo, la situación se presenta complicada.
Durante una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba (centro), Cossío, afirmó que el diálogo “está en manos del presidente que continuemos o no”. La decisión de interrumpir el diálogo fue provocada por la detención de un ciudadano del departamento de Tarija (sur) acusado por el Gobierno de participar en uno de los atentados contra gasoductos y refinerías perpetrados durante las protestas opositoras de septiembre pasado.
Según cuanto denunció el gobernador tarijeño a lo largo de este proceso de diálogo, los opositores estarían sufriendo "malos tratos, continuas agresiones, amenazas gubernamentales (...) y una permanente guerra psicológica y campañas mediáticas adversas", por parte del Gobierno. Los prefectos subrayan como "inadmisible" la actitud asumida por las fuerzas del orden y que el Ministerio de Gobierno (Interior) ordenara la detención de "un ciudadano común" en la localidad de Villamontes por haber participado en las protestas opositoras registradas en septiembre.
El mismo Cossío declaró que se han producido al menos cuatro detenciones, que calificó de "secuestros", si bien tres de estas personas fueron luego liberadas: el prefecto aseveró que •los hechos constituyen una violación de los derechos y garantías constitucionales, altera las reglas de la democracia y del Estado de Derecho y es una acción gubernamental de abierta violación al acuerdo inicial (...) que dio paso al proceso de diálogo". Al mismo tiempo, Cossío denunció las "reiteradas provocaciones" por parte del Gobierno.
Según el líder opositor, los prefectos autonomistas estarían "cumpliendo con nuestra parte, pero no el Gobierno nacional que intensificó bloqueos, cercó Santa Cruz y no paró la campaña mediática a favor de la nueva Constitución", añadiendo la presencia en el entorno de Morales "de sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase, que quieren sustituir las mesas de trabajo por la violencia y que buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional". Debido a eso, Cossío reclamó la "palabra oficial" del presidente para que garantice el cumplimiento del acuerdo inicial que dio paso al diálogo y la restitución de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Finalmente, los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija también pidieron la ayuda de los organismos internacionales que actúan como testigos del proceso de diálogo para salvar las negociaciones.
La actitud del GobiernoUna vez informados sobre esta decisión, el Gobierno de Bolivia hizo un llamamiento para que los prefectos opositores no abandonen la mesa y retornen inmediatamente el proceso de diálogo abierto para pacificar el país y se mostró "extrañado" y "preocupado" por su "ruptura unilateral" de las negociaciones. Poco después de que los gobernadores anunciaron la suspensión temporal de las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una Conferencia, afirmó que “exhortamos a los prefectos a retornar a la mesa del diálogo”. Quintana añadió que "el Gobierno en ningún momento ha incumplido compromisos para sostener el diálogo", aunque precisó que son "innegociables los procesos penales que se deben llevar adelante" para dirimir responsabilidades en las protestas en septiembre. Además, el ministro adelantó que los procesos seguirán "contra todos aquellos que atentaron contra los bienes públicos, asaltaron las oficinas del Estado, destruyeron la propiedad y que, en otros casos, mataron o asesinaron a campesinos inocentes".
Así aludió al peor episodio de la ola de choques, el que se vivió en la región de Pando el pasado 11 de septiembre, donde el Gobierno decretó el estado de sitio y detuvo al entonces prefecto, Leopoldo Fernández, por violar esa medida y por su presunta responsabilidad en lo que considera fue una masacre de campesinos. Sin embargo, la oposición sostiene que fueron los oficialistas los que iniciaron el enfrentamiento. Para el ministro Quintana los gobernadores opositores "no solamente debieran censurar y condenar los actos de terrorismo que se han cometido en Tarija, sino también ponerse al lado de la ley". "No hay argumento razonable para que quieran suspender el diálogo", dijo, y anunció que el Gobierno va a sostenerlo y a "insistir" para que tenga un final "satisfactorio".
Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, defendió en una conferencia de prensa en La Paz la detención del ciudadano tarijeño José Vaca durante "un operativo policial en cumplimiento de una orden fiscal", en el que los agentes actuaron "con todo el respaldo legal que corresponde". Rada aseguró que no se trató de un "secuestro" y vinculó a Vaca con los asaltos que sufrieron instalaciones hidrocarburíferas en Tarija durante la ola de protestas de septiembre pasado. Según el ministro, la investigación del fiscal apunta a este ciudadano como uno de los presuntos responsables en los actos de "terrorismo" con los que la oposición autonomista intentó un "golpe cívico-prefectural" contra el Gobierno de Evo Morales.
Con el proceso de diálogo abierto en Cochabamba tanto el oficialismo como la oposición regional buscan pacificar Bolivia tras la ola de enfrentamientos que azotó varias regiones y en las que murieron al menos 18 personas. El camino queda aún largo.
