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EDITORIAL

La inseguridad jurídica, el gran problema del plan energético de Pedro Sánchez

EL IMPARCIAL
martes 09 de agosto de 2022, 09:08h

Este mismo miércoles, entran en vigor las medidas del plan de ahorro energético del Gobierno, a pesar del rechazo que ha generado no solo en las Comunidades del PP, sino también, por ejemplo en la de Cataluña, que ha coincidido con el principal partido de la Oposición en denunciar la "falta de seguridad jurídica" del real decreto. Lo paradójico, sin embargo, es que estas Autonomías que se oponen a la normativa del Ejecutivo tendrán que revisar su aplicación y multar a los que lo incumplan. ¿Con qué entusiasmo lo harán? ¿A cuántos funcionarios necesitará? ¿Podrán entrar, por ejemplo, en el palacio de La Moncloa para vigilar si Pedro Sánchez cumple con su propia ley? No hay que descartar que Ayuso envíe a la residencia del presidente a sus mejores inspectores para que midan con precisión la temperatura. Puede sonar a broma, pero el problema es que sería posible, pues nada está regulado apropiadamente.

Como ya hemos denunciado en El Imparcial, el real decreto ley es una auténtica chapuza que se ha elaborado deprisa y corriendo para que el presidente pudiera desaparecer rumbo al palacio de La Mareta. Además, entra en vigor sin haber sido aprobado por el Parlamento, que lo debatirá en septiembre. Y lo peor, que invade las competencias de las Comunidades, lo que ya ha anunciado Díaz Ayuso será el motivo de su recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero, como decíamos, son esas Comunidades las encargadas de aplicarlo. La de Madrid, como todas las del PP, cumplirán la ley muy a su pesar. Hay que esperar a saber qué hace la de Cataluña que ha rechazado con contundencia el contenido del real decreto, además de burlarse de la reunión con las Autonomías que ha tachado de "una pérdida de tiempo". Sin embargo, Pedro Sánchez y todos sus portavoces han cargado con el PP "por crispar". Nada han dicho, sin embargo, de la chulesca actitud de ERC, que para eso es su aliado más querido y necesario.

Habrá que esperar a saber cómo y quién cumple con el decretazo del Gobierno. También hay que estar atentos a las multas que puedan imponer los funcionarios de las Comunidades que rechazan las medidas. Lo único seguro es que esas sanciones no se cobrarán. Pues el embrollo jurídico es descomunal. Tanto como el de los confinamientos por la pandemia. Tan torpe fue el Gobierno que las pocas multas que cobró tuvo que devolverlas. Y, de remate, el Tribunal Constitucional arrampló con el contenido de los decretos por su ilegalidad. El cacareado plan de ahorro energético de Sánchez lleva el mismo camino. Pero por su habitual prepotencia, el Gobierno se ha enrocado y se ha negado a tocar una coma.

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