Las tres patronales de la distribución alimentaria de España consideran "inviable y contraproducente" la propuesta de Yolanda Díaz para fijar un tope a los productos básicos de la cesta de la compra.
Tras reunirse con la ministra de Trabajo y con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan la iniciativa.
Las organizaciones empresariales recuerdan que "la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores". "De hecho, todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos", añaden.
"Frente a escaladas de precios de hasta 3 dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación. De acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%", afirman.
Las patronales creen que, con la propuesta de Díaz responde a un "diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD)" que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. "La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas", esgrimen.
Además, consideran que el acuerdo propuesto es "ineficaz" puesto que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración- hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. "El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia", afirman.
Por otra parte, recuerdan que ha habido experiencias similares que han resultado fallidas en otros países. "Los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas", sostienen.
Por último, aseguran que los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido "extraordinariamente estables", con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012.
Por todo ello, proponen varias medidas alternativas que, a su juicio, ayudarían a la contención del IPC alimentario. De un lado, una bajada temporal del IVA de los alimentos, tal y como hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, así como una suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.
Por otro lado, reclaman adoptar precios de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. "El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores", señalan.
"La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación", concluyen
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