El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, se marcha de Madrid confiado en que hay un "compromiso real" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después reformarlo, como pide Bruselas, pero ni el Gobierno ni el PP dan muestras de haberse movido de sus posiciones previas.
"Soy optimista por naturaleza, pero estoy confiado. He visto un compromiso real en moverse hacia la renovación y después empezar la reformas. Espero que en las próximas semanas y meses veamos un cambio real", ha dicho Reynders a los medios este viernes en su última jornada en España, en la que, entre otros actores, se ha reunido con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
También éste ha dejado entreabierta la puerta a la esperanza. Considera que la visita de Reynders puede ayudar a flexibilizar posiciones que estaban "muy enconadas" y alejar su dimisión, con la que amenazó al inicio del Años Judicial, aunque ha reiterado que si no se produce un acercamiento dejará el cargo.
En un desayuno informativo, el comisario ha indicado que "estará muy bien" que al comienzo de la presidencia española de la Unión, en el segundo semestre de 2023, se hayan cumplido las recomendaciones de la Comisión Europea. Es una cuestión, a su juicio, de reputación, de "dar un buen ejemplo", pero tampoco ha olvidado que el bloqueo está dejando importantes vacantes en el Tribunal Supremo.
El Gobierno defiende el actual modelo
El "compromiso genuino" que ha dicho Reynders que ha visto en su visita a España, en la que se ha reunido con cinco ministros, con el PP, con asociaciones de jueces, con Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional y con el fiscal general del Estado, no se ha vislumbrado en las declaraciones políticas del día.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se entrevistó el jueves con el comisario, ha vuelto a responsabilizar al PP del bloqueo, ha pedido a su líder, Alberto Núñez Feijóo, "patriotismo" para renovar el órgano de gobierno de los jueces y ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a mantener reuniones con los populares sin "condiciones" o "líneas rojas".
El PP, según avanzó el jueves Esteban González Pons, está abierto a renovar ya el CGPJ, pero si al mismo tiempo se inicia la reforma del sistema de elección de ese órgano para que los jueces elijan directamente a sus representantes en el CGPJ, como pide la Comisión Europea.
Fuentes del Ministerio de Justicia insisten sin embargo en que "único compromiso" es el de renovar el CGPJ y que sin ese paso no se puede dar el de la reforma.
Bolaños ha admitido que el actual modelo de elección parlamentaria se podrá mejorar y perfeccionar, pero ha subrayado que es un sistema democrático que ha permitido que el CGPJ funcione con gobiernos y parlamentos de diferentes mayorías durante 35 años y "debe ser defendido".
Lesmes también ha alejado la urgencia de una reforma, al recordar que no se aplicaría hasta dentro de cinco años -cuando hubiera que elegir un nuevo CGPJ- y ha advertido de que dejar la elección en manos de los jueces podría no solventar la imagen de politización si se trasladan a ese órgano "ideológicamente bloques" a través de asociaciones judiciales.
El PP por su parte ha guardado este viernes silencio y solo Feijóo ha hecho una referencia al asunto desde el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde ha reprochado al presidente del Gobierno que no le haya respondido a ninguna de las propuestas que le ha enviado por escrito, entre ellas una para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
La Fiscalía también preocupa en Bruselas
La situación del CGPJ no es el único asunto que preocupa a la Comisión, que quiere que en los diferentes Estados miembros se mejore también la independencia de la Fiscalía General del Estado.
En el caso de España, Reynders ha destacado la preocupación por que coincida el mandato del Gobierno y del fiscal general del Estado porque -ha recalcado- "si queremos tener una lucha eficiente contra la corrupción es importante que tengamos una Fiscalía independiente".
"Si hay vínculo tan estrecho entre Gobierno y fiscal general del Estado la percepción no es buena", ha explicado. Ha admitido que tiene "confianza plena" en que en España el fiscal general es independiente, pero ha incidido también en que la Comisión quiere "mejorar la percepción en la población" de esa independencia.
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