El Gobierno tira balones fuera y deja en manos de CCAA y grandes empresas el ahorro energético

El Gobierno dejará en manos de las empresas y las comunidades autónomas las principales medidas para recortar el consumo energético. Entre los planes del Ejecutivo, figuran planes de ahorro y eficiencia en los diversos niveles de la Administración, así como la sustitución del alumbrado público y los servicios energéticos.

Sin embargo, esta medida tendrá que ser diseñada por las comunidades autónomas y que tendrán que hacer públicas antes del próximo 1 de diciembre, por lo que, explican fuentes del ministerio, serán ellas mismas las que decidan dónde es más eficiente reducir el consumo energético.

No es la única responsabilidad que el Ejecutivo se descarga, ya que uno de los 73 puntos aprobados también contempla que las grandes empresas elaboren planes de contribución al ahorro energético basados en auditorías.

Gracias a estas medidas se busca reducir el consumo de gas de España entre un 5,1 % y un 13,5 % hasta marzo, mejorar la autonomía energética y aumentar la competitividad para cumplir con el compromiso de solidaridad con sus socios europeos.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros, el documento busca ofrecer "una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad con los demás europeos".

El Plan de Contingencia Energética o Plan +SE, que aprovecha los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contiene 73 medidas agrupadas en seis grandes bloques de actuación: ahorro y eficiencia energética, impulso al proceso de transición, protección a consumidores, fiscalidad, autonomía energética y tecnológica, y solidaridad con la Unión Europea.

Alguno de estos planteamientos ya se han aprobado o anunciado en las últimas semanas, como la rebaja del IVA del gas natural desde el 21 % al 5 %, o la reforma de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) a fin de reducir su volatilidad.

El Gobierno prevé otorgar una mayor cobertura para el bono social eléctrico y el bono social térmico, y reducir la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias con vistas a este invierno.

El plan también incluye la necesidad de dotar de transparencia y claridad a las facturas energéticas, una propuesta que asociaciones de consumidores como la OCU han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica en sus reuniones.

De este modo, las facturas de luz y gas de los consumidores con menos de 15 kilovatios (kW) de potencia y un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora (kWh) anuales, respectivamente, incluirán una comparativa del consumo con clientes similares en el mismo código postal.

Asimismo, se incorporarán consejos para consumir de un modo inteligente y eficiente -por ejemplo, recomendaciones en el uso de los electrodomésticos o sobre cómo gestionar la ventilación-, y se homogeneizará la forma en la que aparece en la factura el "mecanismo ibérico" que topa el gas para generación eléctrica. Es decir, el Gobierno instaura que figure lo que se ahorra el consumidor gracias a sus medidas.

Si bien la intención es introducir estos cambios cuanto antes, algunas de estas medidas requieren de un marco regulatorio concreto y del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como sucede con la información sobre la "excepción ibérica", de la que aún no se conocen los detalles de cómo va a quedar definida en la factura.

Tejados solares y autoconsumo

El Plan +SE quiere dar un impulso a los tejados solares, las comunidades energéticas y el autoconsumo, con 500 millones de euros y más facilidades.

De cara a acelerar la transición energética, el departamento que dirige Teresa Ribera junto con el Ministerio de Hacienda está explorando futuras rebajas fiscales para adoptar soluciones que permitan sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables.

Se tratarían, en concreto, de desgravaciones fiscales similares a las puestas en marcha para la rehabilitación energética de las viviendas.

Igualmente prevé elevar el apoyo a la cadena de valor de la transición energética, por lo que se acelerará la ejecución del Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), cuya dotación económica actual -superior a los 3.500 millones de euros- se ampliará con 1.000 millones adicionales para nuevas capacidades industriales y tecnológicas.

Del mismo modo, incorpora un nuevo Perte de Descarbonización de la Industria, todavía en fase de diseño, para mejorar la competitividad y reducir los costes energéticos del sector manufacturero.

Para garantizar la efectividad de las medidas, se publicarán boletines mensuales de parámetros como la evolución del consumo de gas o electricidad y del "mecanismo ibérico", y se mantendrán los marcos de diálogo y cooperación, con el Grupo de Trabajo interministerial específico.