El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado este lunes por incluir el sector público en el pacto de rentas, lo que implicaría, por ejemplo, revalorizar con la inflación las pensiones mínimas pero no el resto.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación de los Presupuestos de 2023, Hernández de Cos ha subrayado que la inflación supone "una pérdida de bienestar sí o sí" y, por ello, "lo único que podemos hacer es repartir el coste".
Este reparto se materializaría en el pacto de rentas, que podría adoptarse solo en el sector privado, pero ha defendido que "sería un mensaje mucho más potente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada que también cubriera el sector público", incluidas las pensiones.
La desindexación (no actualización automática con la inflación) "se puede hacer compatible" con proteger a los más vulnerables, es decir, "que las pensiones mínimas se indicen (al IPC) pero quizá no el resto", ha defendido Hernández de Cos.
En cualquier caso, esta es "una discusión distinta a si de manera estructural deben indiciarse o no con la inflación", ha aclarado, y ha recordado que si aumenta el gasto en pensiones serán necesarias "medidas compensatorias" del lado de los ingresos o del gasto.
En su intervención, el gobernador ha detallado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5 % aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.
El Gobierno ha insistido en que subirá las pensiones con la inflación porque así lo acordó el Pacto de Toledo.
Subir las pensiones y los sueldos públicos costará unos 21.300 millones en 2023
El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos.
Respecto a los sueldos públicos, el Banco de España estima que cada punto porcentual de subida de la remuneración elevará los gastos de personal en 1.400 millones, de forma que la subida de hasta el 3,5 % prevista para 2023 (2,5 % fijo más un 1 % variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.
Pensiones y sueldos públicos son las dos principales partidas presupuestarias afectadas por el aumento de la inflación, que el Banco de España calcula que llegará al 8,7 % de media este año, para moderarse al 5,6 % en 2023 y al 1,9 % en 2024.
El gasto en intereses de la deuda pública también sería sensible al aumento de la inflación, dado que a finales de 2021 los bonos indiciados a la inflación representaban aproximadamente un 5 % del saldo vivo de valores de deuda emitidos por las Administraciones Púbicas, lo que supondría un incremento de los gastos por intereses a lo largo de 2022 de unos 4.000 millones.
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