El debate parlamentario de los presupuestos generales del Estado es el más trascendental del curso político. Se trata de decidir el destino del dinero de todos los españoles que, se supone, debe beneficiar el máximo posible a la situación económica de los ciudadanos. Pero este Gobierno, sus socios y aliados lo han convertido en un zoco donde se intercambian votos por cesiones que nada tienen que ver con la economía.
Para obtener el apoyo del PNV, el Ejecutivo acepta prorrogar 5 años el “cuponazo” y concede a la Comunidad Autónoma el derecho a participar en torneos deportivos internacionales con la selección vasca, como si se tratara de un Estado independiente. Con ERC se compromete a rebajar el delito de sedición para satisfacer a los condenados por el intento de golpe de Estado del 1-O y para que, en caso de repetir la aprobación de una declaración de independencia en el Parlamento catalán sea considerada como una mera gamberrada. Y con Bildu no hace falta recordar que los pocos asesinos etarras que siguen encarcelados fuera del País Vasco serán trasladados a las prisiones de su región para disfrutar enseguida de una semilibertad.
Aún más. El Hemiciclo, en especial la bancada azul, se encontraba prácticamente vacía durante el debate, con la escandalosa ausencia del presidente del Gobierno que se encuentra de tour en África. Y la comparecencia de la ministra de Hacienda, que se encargó de presentar las cuentas del Estado se convirtió en un sainete. María Jesús Montero, en lugar de intentar convencer a los diputados de los beneficios de los presupuestos, dedicó buena parte de su discurso a insultar a la Oposición; aún peor, su demagogia llegó a extremos insospechados al comparar los enjuagues del Gobierno y sus socios con los Pactos de La Moncloa, en los que participaron todas las fuerzas políticas, además de los sindicatos y empresarios. Comparó un hito histórico que contribuyó a asentar la democracia en España con el perverso mercadeo del Ejecutivo con los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos y los proetarras.
Sin duda, las cuentas del Estado serán aprobadas en el Parlamento. Pero también es indudable que España, su economía y su Estado de Derecho sufrirán las consecuencias de unos presupuestos pactados con los comunistas, los secesionistas catalanes y los proetarras.