Con la nueva cesión premia a Junqueras para que venga al Congreso y a Puigdmeont para que pueda volver a España.
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha celebrado este viernes que la "derogación" del delito de sedición permite avanzar hacia el "fin de la represión" sobre el movimiento independentista, lo que supone alcanzar la ansiada amnistía para que los cabecillas del procés puedan continuar su carrera política.
En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.
Además, ha manifestado que supone un "paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado. Se trata pues de un avance en la agenda para la independencia de Cataluña.
"Continuamos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. Para resolver el conflicto político y por la libertad", manifestó nada más conocerse la noticia el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este jueves, la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.
"Continuamos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. Para resolver el conflicto político y por la libertad", manifestó nada más conocerse la noticia el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés.
Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado que esa proposición será presentada este viernes por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja. El jefe del Ejecutivo ha defendido las decisiones "valientes y audaces" que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará este viernes para homologar el Código Penal, ha dicho, a las principales democracias europeas.
De esta manera, el presidente premia a los cabecillas del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que ahora buscan el referéndum de independencia. Ambos políticos tendrán ahora la oportunidad para continuar con sus carreras políticas. Junqueras podrá liderar la ERC y presentarse a las elecciones generales, ser elegido parlamentario en el Congreso de los Diputados o presidente de la Generalidad, mientras que Carles Puigdemont, huido a Bélgica, tendrá vía libre para regresar a suelo español.
El delito de sedición, por el que fueron condenados la mayoría de responsables del procés, será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", lo que considera "un paso definitivo" para la modernización de estos tipos delictivos.
Sánchez negó que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado y ha recordado que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Pero en las últimas semanas ha dicho que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición. No es la versión de los independentistas, que presentan esta reforma como un "pacto con el Estado".
Sánchez ha negado que con esta reforma el Estado vaya a ser más débil y ha insistido en que va a haber penas por delitos como el de sedición con penas homologables a las de otros países europeos. Sí ha destacado que puede ser una medida para seguir distendiendo la situación en Cataluña, que ha considerado que hoy está "infinitamente mejor" que hace cuatro o cinco años.
Sánchez había venido defendiendo desde el inicio de la legislatura una reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición, que llegan en la actualidad hasta los quince años, y adecuarlas a las de otros países europeos. Sin embargo, había explicado que no presentaba la propuesta de reforma porque no contaba con apoyos suficientes para que saliera adelante, ya que un partido clave como ERC no había adelantado su respaldo.
Ahora el presidente del Gobierno ha decidido dar ese paso 15 días después de que el Partido Popular rompiera las negociaciones para la renovación del CGPJ argumentando precisamente que el Ejecutivo renunciaba por escrito a su pretensión de reformar las penas para el delito de sedición.
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