El pleno del Congreso ha aprobado este jueves los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario.
El resultado de la votación - a viva voz - ha sido de 186 a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. El Gobierno de coalición contaba con el apoyo de de EH Bildu, ERC, Compromís, Más País, BNG y PRC, mientras que PP, Cs y Vox se habían posicionado en contra durante el debate del dictamen de alto voltaje ideológico entre quienes creen que la pobreza se reduce creando más riqueza y los que defienden que hay que hacerlo transfiriendo rentas desde quienes más tienen a los más vulnerables.
En un plano intermedio más pragmático se han situado PNV y PDeCAT, que se han abstenido porque, aunque comparten la filosofía de estos impuestos, consideran que su deficiente diseño los aboca a la nulidad y a devolver lo recaudado "con cargo a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger", en palabras de la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal.
"Suya y solo suya será la responsabilidad política y patrimonial del enorme perjuicio que causarán al presupuesto de todos españoles", ha dicho en un tono más duro Gabriel Elorriaga del PP, después de que Cs y Vox también hayan incidido en las dudas sobre la constitucionalidad de los tres gravámenes.
El de la banca y el de las energéticas porque no gravan los beneficios extraordinarios sino el margen operativo y la facturación, respectivamente, y el de las grandes fortunas por constituir en la práctica un tipo estatal no bonificable del impuesto sobre el patrimonio que interfiere en la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Si (
No(
