En Transterrados. Dejar Euskadi por el terrorismo, Antonio Rivera y Eduardo Mateo coordinan una obra coral que aborda uno de los legados de ETA menos conocido por la opinión pública. En efecto, se centran en ese grupo de personas que obligatoriamente tuvieron que abandonar el País Vasco, debido a las amenazas procedentes de la citada banda terrorista y de su entorno. Su número total resulta complejo de cuantificar, no así los perfiles.
En efecto, encontramos una primera generación integrada esencialmente por representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como por miembros del centro-derecha no nacionalista. En la segunda, años noventa, la violencia de persecución, cuyas directrices se hallaban contenidas en la ponencia Oldartzen, afectó sobre todo a periodistas, intelectuales, jueces y profesores universitarios. Como se puede observar, una socialización del terror que buscaba la muerte física y civil de todo el que desafiara al terrorismo etarra.
Los transterrados se establecieron en diferentes puntos de la geografía española; en la actualidad, no muestran interés alguno por volver a su “patria chica”. Al respecto, tampoco el gobierno vasco está por la labor de facilitar su regreso ya que “en el fondo, las decenas de miles de transterrados excluyen del censo electoral a otras tantas papeletas que podrían conformar un espectro de fuerzas parlamentarias diferente y forzar decisiones más integradoras para servir a la pluralidad de la sociedad vasca” (pág. 31).
Nadie les ha pedido que vuelvan, entre otras razones porque, como refleja Aurora Intxausti, esto implicaría que muchos de los que miraron para otro lado cuando se intensificaba la violencia perpetrada por ETA, ahora tendrían que rendir cuentas con un pasado marcado por la cobardía. Para quienes así obraron, el transterrado supone un recuerdo incómodo, como bien explica Manuel Montero: “La figura del transterrado, pese a la discreción que mostraron, se convirtió en socialmente molesta. Ya no había escoltados pero quedaba este testigo mudo de las huellas del terrorismo. Tenían que desaparecer, por el derecho a la felicidad de los vascos” (pág. 131).
Este desprecio, pasado y presente hacia los transterrados, contrasta con el apoyo brindado por las instituciones vascas, siempre bajo el control del nacionalismo, hacia aquellos vascos que se exiliaron tras la Guerra Civil o el mimo con el que actúa cuando se trata de etarras que se encuentran huidos de la justicia o cumpliendo penas de prisión en diferentes cárceles. Esta cortesía también se aprecia en las ingentes partidas presupuestarias destinadas a analizar los casos de tortura policial, para de este modo difundir mantras muy recurrentes, como el que habla de “víctimas de ambos lados”.
Los transterrados también certifican invisibilidad del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca y el carácter residual del constitucionalismo desde un prisma electoral. Por tanto, la violencia de ETA sí ha generado unos frutos que el nacionalismo vasco viene rentabilizando. Además, Euskadi perdió un importante capital profesional y humano ya que como consecuencia de la asfixia provocada por el terrorismo etarra, muchos jóvenes optaron por marcharse tras acabar sus estudios universitarios. En efecto, como expone la profesora Paloma Díaz: “Son transterrados silenciosos, invisibles, que nunca saldrán en los cómputos ni en las estadísticas, porque teóricamente se fueron por razones prácticas […] Pero yo sé, porque algunos de ellos me lo ha contado, que acabados sus estudios decidieron irse, buscar otros horizontes, porque no querían quedarse aquí, porque, pese a sus raíces familiares y sociales, sentían la necesidad de salir, de construir sus vidas recién estrenadas en un entorno que les resultase menos opresivo, más libre” (p. 101).
En definitiva, ante esta anomalía ética, política y moral, la reacción de la sociedad vasca no debe sorprendernos, ya que se decantó por la indiferencia como respuesta, a pesar de que el nacionalismo vasco en su versión radical y moderada le otorgue hoy un rol determinante en la desaparición de ETA.
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