La Guardia Civil ha conseguido desarticular un supercártel que controlaba gran parte del mercado de la cocaína en Europa. Esta macro organización criminal había establecido su base en estos países, coincidiendo con la localización de los puertos europeos más importantes considerados como la principal puerta de entrada de estupefacientes al continente europeo.
Desde Dubái, los líderes del cártel, conocidos como los “Señores de la Droga” , controlaban y dirigían las actividades criminales de las distintas células, bajo la convicción de estar en un santuario donde se sentían intocables y que a su vez les permitía mantener un alto nivel de vida.
En el curso de la investigación se han aprehendido más de 30 toneladas de cocaína y que podría llegar a suponer un tercio del mercado total.
Entre los días 8 y 19 de noviembre, se han llevado a cabo raids o acciones conjuntas en varios países europeos y Dubái de manera simultánea con el objetivo de desarticular la estructura logística, representada por los grupos criminales responsables de la introducción de la droga en cada país.
Como resultado de estas actuaciones, han sido detenidas 49 personas en España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Dubái, de las que 7 son consideradas High-Value Targets (HVT) u Objetivos de Alto Valor, de acuerdo con la agencia EUROPOL, habiendo participado también agencias policiales de USA (DEA), Reino Unido (NCA) y Bulgaria.
La operación FAUKAS - como ha sido llamada en España - se inicia con la aprehensión, por parte de la Guardia Civil, de un contenedor en el Puerto de Valencia en marzo de 2020, mediante el que pretendían introducir 698 kg de cocaína, no produciéndose ninguna detención ni responsabilidad en ese momento.
Este hecho dio lugar a un amplio intercambio de información con numerosas agencias policiales de otros países y que dio sus frutos al lograr la identificación de las personas responsables de la introducción del contenedor, así como de su “contaminación” en origen, Panamá.
De esta manera, durante el transcurso de la investigación, se ha podido comprobar cómo se había establecido en España una organización criminal que estaba introduciendo contenedores con cocaína en su interior a través de los Puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras, y que a su vez había conformado un complejo entramado societario de inversiones inmobiliarias en la zona de la Costa del Sol con el fin de blanquear los beneficios obtenidos del narcotráfico.
Se ha podido identificar al líder de esta organización, un ciudadano británico vinculado a la Costa del Sol y que tuvo que abandonar España por un intento de secuestro contra su persona, trasladándose a Dubái, lugar desde donde seguía dirigiendo y coordinando las actividades criminales de la organización, manteniendo al mismo tiempo contactos y negocios de narcotráfico con el resto de “Señores de la Droga” afincados en esta ciudad-emirato.
De la misma manera, la Guardia Civil logró identificar al proveedor de la droga en origen, resultando ser un ciudadano panameño también afincado en Dubái, que sería responsable de la introducción de la droga en el Puerto de Manzanillo (Panamá) y que igualmente mantenía contactos con el resto de barones en el emirato.
Esta organización criminal asentada en España, disponía de dos estructuras perfectamente diferenciadas, la encargada de la extracción de la droga en los puertos marítimos comerciales y otra responsable del blanqueo de capitales a través de sociedades Real Estate.
La primera de ellas, estaría situada entre las provincias de Barcelona y Málaga, teniendo una influencia directa en el Puerto de la ciudad Condal y estando conformada por dos ciudadanos de origen búlgaro, uno de ellos considerado como HVT para EUROPOL y tres de origen español, siendo una de ellas trabajadora del puerto de Barcelona, responsable de la entrada y salida de vehículos.
La otra parte, estaría compuesta por personas de gran confianza del líder de la organización criminal, situándose en la Costa del Sol, centro neurálgico de sus actividades financieras, desde donde habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y participaciones por valor de unos 24 millones de euros, integrándolos de esta forma, en el circuito económico legal.
En los registros aparecieron elementos que vinculan a los investigados con la actividad criminal, así como más de 500.000 € en efectivo, 3 armas cortas con cargadores municionados y artículos de lujo entre los que se encuentran vehículos de alta gama, alguno de ellos con precios cercanos a los 300.000 €.
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