ERC ha presentado este viernes una enmienda al delito de malversación que establece menores penas por el delito de malversación. La inhabilitación para cargos públicos que malversen sin “ánimo de apropiarse” el dinero público se reduciría a cuatro años.
Concretamente, la propuesta de ERC que retoca el artículo 432, plantea condenas con horquillas de prisión de dos a ocho años para los casos más graves en los que exista "ánimo de lucro" y de seis meses a tres años para el cargo que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".
En este caso, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que el partido republicano eleva a veinte años la inhabilitación en los casos más graves de malversación que considera en tres supuestos: cuando haya daño grave al servicio público, cuando el patrimonio público exceda los 50.000 euros o si lo malversado tuviera valor artístico o científico o si fuera destinado a aliviar alguna calamidad pública.
Los secesionistas han aprovechado la tramitación parlamentaria para derogar el delito de sedición.
El PSOE, que junto con Unidas Podemos impulsa el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, apura este plazo y prepara sus enmiendas al texto de reforma del Código Penal sin avanzar detalles sobre los retoques que proponen.
Fuentes socialistas sí adelantaron que entre sus enmiendas prevén incluir modificaciones legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es si finalmente se reformará también el delito de malversación, tal y como proponen ERC y Junts. El presidente del Gobierno abrió este martes la puerta a hacerlo, aunque dejó claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, un mensaje en el que incidió este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bruselas.
Un nuevo delito
El grupo socialista y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta 3 años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.
Esta enmienda plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar su responsabilidad, según han indicado a Efe fuentes socialistas.
Se trata de la respuesta de los partidos del Ejecutivo a la reforma del delito de malversación impulsada por ERC.
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