La debilidad del Gobierno pakistaní

Una nueva explosión de bomba colocada al paso de un furgón de la Policía en el noroeste de Pakistán ha provocado la muerte de al menos nueve personas. Horas antes, un suicida se hizo volar frente a la sede de la Fuerza Anti Terrorista (ATF), ocasionando al menos 13 heridos. En lo que va de año, en Pakistán se han producido alrededor de 700 atentados, cobrándose la vida de unas 4.000 personas, la mayoría civiles.

La serie de atentados de los últimos días contra las fuerzas de seguridad representa un desafío al Gobierno civil de Ali Asif Zardari. Los atentados más recientes se han producido contra oficinas gubernamentales o sedes de partidos aliados del Gobierno o de la oposición, poniendo de relieve la precaria situación de seguridad de Pakistán ante la parálisis de su clase política y la profunda división de su sociedad sobre las causas del terrorismo que les azota. Según reconoce el propio Presidente, el país está en guerra, una guerra que va más allá de los enfrentamientos fronterizos con Afganistán.

La situación del país después de los ocho años de dictadura de Pervez Musharraf resulta caótica y alarmante. La incompetencia de las elites políticas, la incapacidad de la clase gubernamental para entender las exigencias ciudadanas y la discutible política de EEUU respecto al país crean una situación compleja, donde emerge la división de los paquistaníes y un gran número de desafíos para el nuevo presidente. La hipoteca de un pasado reciente confuso y el radical cambio de un gobierno militar a uno civil están paralizando las instituciones estatales y obliga a una profunda reflexión sobre sus funciones. El Estado paquistaní debe revocar la imagen de vulnerabilidad de los últimos días, demostrando su capacidad de ofrecer seguridad y justicia a sus ciudadanos. De la misma manera, los atentados minan la credibilidad del nuevo gobierno y su efectivo poder en un país caracterizado por diferentes áreas tribales. Localmente, la guerra de su ejército contra los terroristas de Al Qaeda y sus simpatizantes locales es percibida por una parte sustancial de la ciudadanía como un “asunto” de poco interés y un compromiso internacional para complacer a los Estados Unidos: ello determina la división de la sociedad civil en partidarios de esta batalla y opositores, además de una polarización del país entre liberales modernizadores e islamistas radicales.

El Gobierno debe trasmitir seguridad y aclarar sus objetivos. Sin embargo, la dimensión que ha adquirido el conflicto y los continuos ataques terroristas complican las posibilidades de una solución “autóctona” al problema y obligan al presidente Ali Asif Zardari a buscar ayuda exterior. Todo en medio de la desconfianza hacia a los EEUU y la responsabilidad que muchos le atribuyen por esos ataques. Después de una dictadura tan larga y del reciente cambio de gobierno, era lícito otorgar un periodo de asentamiento. Sin embargo, el gobierno que se formó tras las elecciones del pasado febrero ha mostrado una gran dificultad para funcionar (en el campo económico o en la lucha contra el terrorismo), desperdiciando el capital de entusiasmo que se generó después de las elecciones y provocando, al mismo tiempo, la perdida de confianza de los ciudadanos. En Pakistán, la transición de la dictadura a la democracia aún no se ha realizado del todo. Mientras, aumentan las dudas acerca de la capacidad del viudo de Benazir Bhutto para unir al país y emprender los profundos cambios, políticos y sociales, necesarios para hacer frente a la amenaza que los insurgentes terroristas plantean al Estado. El tiempo juega en contra de ambos.